No cesan los dolores de cabeza para el recién elegido senador del Pacto Histórico David Racero, quien sigue respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia por cuenta de las posibles irregularidades en el supuesto uso de personal de su unidad de trabajo legislativo (UTIL) para apoyar un negocio familiar. Lo anterior, en el célebre caso que involucra un negocio de frutas y verduras en Bogotá o fruver.
En el marco de las pesquisas, este lunes se conoció que, al parecer, el congresista y el miembro de su UTL, John Leonardo García, mintieron ante el Consejo de Estado negando que García hubiese laborado en el fruver mientras también estaba al servicio legislativo de Racero.
Según la información conocida por el periodista Daniel Coronell y revelada en Caracol Radio, esa información llegó a través de un informante a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. Lo anterior, producto de una comunicación dirigida al magistrado César Augusto Reyes.
De lo dicho en la misiva se desprende que el informante tendría al menos 17 comunicaciones de WhatsApp que evidenciarían además que García manejaba los carros del hoy representante y de su familia, “así como un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), en algunas ocasiones en compañía de un escolta identificado en esa carta. Lo llevaba, lo traía y lo recogía cuando llegaba de viaje”, señala el reporte periodístico.
El informante –quien ya fue escuchado en la Corte y entregó las presuntas evidencias–, también tendría supuestas pruebas de pagos por parte de miembros de la UTL de gastos personales y familiares de Racero, entre ellas, tarjetas de crédito, cuentas domésticas y transacciones a favor del padre del senador electo.
“En varias ocasiones, los asesores legislativos hicieron pagos de víveres a un establecimiento comercial que entregó dichos suministros en la vivienda de David Racero”, precisa la información, en la que se advierte que Racero podría ser acusado ahora por el delito de concusión.
Si bien en primera instancia el Consejo de Estado mantuvo la investidura del congresista, a la luz de las nuevas revelaciones los abogados demandantes pidieron que en la apelación sea tenida en cuenta la declaración del informante.
Justo hace ocho días, menos de 24 horas después de ser elegido como senador, Racero compareció a la Corte Suprema en el marco de una indagatoria en su contra por el caso fruver. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, desde las 8:30 a. m. en el despacho del magistrado César Reyes, avanzó en la diligencia judicial.
“Yo me abstengo de dar declaraciones profundas del proceso, no quiero politizar el proceso en la Corte ni mucho menos en el Consejo de Estado”, afirmó Racero a su llegada al alto tribunal.
El proceso judicial busca esclarecer si el congresista habría utilizado de manera irregular a integrantes de su equipo para asuntos relacionados con ese negocio particular, así como si existieron presiones para que colaboradores realizaran consignaciones de dinero a sus cuentas.
Según informó la Sala de Instrucción, también se investigan las circunstancias en las que algunos funcionarios de la UTL habrían hecho transferencias con parte de su salario.
En particular, el expediente analiza el papel de Jhon Leonardo García Lara, exintegrante del equipo legislativo de Racero, quien presuntamente habría realizado labores ajenas a sus funciones en el Congreso por solicitud del congresista.
En uno de los audios divulgados, Racero describe las condiciones laborales para un puesto en el establecimiento, un salario mensual de un millón de pesos, sin prestaciones legales, para una jornada de trabajo de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a sábado.
“No tiene prestaciones, no tiene nada. Un millón... toca decirle que es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche, un día de descanso a la semana”, se escucha decir al congresista en la grabación.
En la conversación también se detallan múltiples funciones para el cargo, que incluyen operar la caja, limpiar baños, preparar pulpas de fruta, trapear pisos y organizar alimentos. “Ellos tienen que hacer todo... son toderos”, dice Racero en otro fragmento del audio.
Además, en mensajes de WhatsApp revelados por Coronell, el congresista también habría pedido a miembros de su equipo realizar diligencias personales.
En uno de los chats se observa cómo solicita a su asesora Estefanía Montoya que pague a otra colaboradora, Yidis Gahona, la suma de 3.500.000 pesos y que cubra una deuda de 2.375.000 pesos correspondiente a una tarjeta de crédito.
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