La Asociación Diplomática y Consular de Colombia encendió las alarmas sobre la contratación reciente en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En una solicitud de control preventivo enviada a la Procuraduría, advirtió que entre agosto de 2025 y enero de 2026 se firmaron 1.053 contratos de prestación de servicios por cerca de 83.742 millones de pesos, la mayoría destinados a asesorías.
El punto más crítico, según la denuncia, se concentra en enero de 2026, cuando se suscribieron 785 contratos que superan los 77.000 millones de pesos, justo antes de la entrada en vigor de la ley de garantías.
Para la asociación, el volumen y la naturaleza de estos convenios generan dudas sobre su necesidad y oportunidad. La alerta contrasta con el llamado de la canciller Rosa Villavicencio, quien ha advertido que la entidad atraviesa una crisis financiera que obligará a aplicar medidas de austeridad que podrían afectar su funcionamiento.
Entre los casos señalados, se mencionan dos contratos por 253 millones de pesos cada uno para asesorías jurídicas en la Dirección de Talento Humano, pese a que la Cancillería cuenta con oficinas internas especializadas en esa labor.
También se cuestiona un contrato por 215 millones de pesos otorgado a Claudia Marisol Moreno, esposa del representante Heráclito Landínez, para posicionar la imagen del país en temas como sostenibilidad y transición energética.
Otro hallazgo apunta a la duplicidad de funciones: al menos 28 contratos tendrían como objeto garantizar el cumplimiento de la política exterior en derechos humanos y derecho internacional humanitario, tareas que, según la asociación, ya corresponden a funcionarios de planta.
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La situación también se extiende a la Academia Diplomática, donde se firmaron cerca de 84 contratos para actividades consideradas rutinarias, como la divulgación de la carrera diplomática, que anteriormente se realizaban con recursos internos.
En contraste, áreas con alta carga operativa como la Dirección de Asuntos Consulares —clave por la atención a colombianos en el exterior y la logística electoral— registraron solo tres contratos, todos vinculados al programa Colombia Nos Une, actualmente en proceso de transformación institucional.
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