Un nuevo y profundo debate sobre la memoria histórica y los referentes éticos en la educación se abrió en Bogotá con el proyecto de acuerdo radicado en el Concejo Distrital que pretende prohibir estrictamente que los colegios públicos de la capital lleven el nombre de personas que hayan formado parte de organizaciones armadas al margen de la ley.
La iniciativa es liderada por el concejal Julián Uscátegui, perteneciente al partido Centro Democrático, y en esta no solo se limita su impacto únicamente al nombre principal de las instituciones educativas distritales, sino que busca abarcar a la totalidad de las infraestructuras de los planteles, abarcando sus sedes anexas, bibliotecas, aulas de clase y escenarios deportivos o culturales.
El concejal ha argumentado sobre la propuesta que “un colegio le dice a un niño a quién debe admirar”, por lo que en diferentes debates ha sostenido que le resulta contradictorio exigir a la juventud escolar que rechace la violencia mientras cursa sus estudios en planteles que exaltan la memoria de quienes empuñaron las armas.
En la medida se cubriría a antiguos integrantes de las guerrillas de las Farc, ELN y M-19, al igual que a miembros de grupos paramilitares, estructuras del narcotráfico y otras organizaciones armadas.
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Dentro de estos casos se encuentra el Colegio Distrital Carlos Pizarro Leongómez, situado en la localidad de Bosa, que atiende a cerca de 4.500 estudiantes en jornadas de mañana y tarde. Este plantel lleva el nombre del último comandante del M-19, quien lideró el proceso de paz de marzo de 1990 y posteriormente fue asesinado en abril de ese mismo año siendo candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19.
Sobre este caso en específico, concejales y diferentes sectores de Bogotá defienden que se debe hacer la sustitución por nombres de educadores, científicos, artistas, deportistas y profesionales que aportaron al país dentro de la legalidad. Por otro lado, justifican sectores opuestos que figuras como Pizarro representan la transición pacífica hacia la democracia y el proceso constitucional de 1991.
La propuesta se encuentra en sus etapas iniciales. En caso de ser aprobado este acuerdo en el Concejo de Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito dispondrá de un plazo reglamentario de seis meses para reglamentar la norma, identificar las instituciones sujetas a modificación e iniciar el trámite de cambio de nombre.
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En el proyecto se indica que los nuevos nombres de los planteles se definirán mediante procedimientos participativos con las comunidades educativas.
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Preguntas y respuestas
- ¿Qué colegios de Bogotá tendrían que cambiar de nombre si se aprueba el proyecto?
- La medida abarcaría colegios públicos que lleven nombres de personas vinculadas a organizaciones armadas ilegales, incluidas las Farc, el ELN, el M-19, grupos paramilitares y estructuras del narcotráfico. También aplicaría a sedes anexas, bibliotecas, aulas y escenarios deportivos o culturales.
- ¿El Colegio Distrital Carlos Pizarro Leongómez tendría que cambiar de nombre?
- Sí, estaría entre los planteles afectados si el proyecto se convierte en acuerdo distrital. El colegio, ubicado en Bosa y con cerca de 4.500 estudiantes, lleva el nombre del último comandante del M-19, quien fue asesinado en 1990.
- ¿Quién propuso prohibir que los colegios públicos lleven nombres de exintegrantes de grupos armados?
- La iniciativa fue radicada por el concejal Julián Uscátegui, del partido Centro Democrático. Según su argumento, los nombres de las instituciones educativas deben promover referentes éticos que rechacen la violencia.
