Los estudiantes del corregimiento de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, enfrentan un riesgo extremo en medio de la intensificación del conflicto armado en la región del Catatumbo.
A diferencia de otros momentos del conflicto, los habitantes ya no temen únicamente lo que ocurre en tierra, sino también lo que llega desde el aire. Los ataques con drones cargados con explosivos se han vuelto frecuentes, con reportes de hasta dos acciones diarias en algunas veredas.
Esta nueva dinámica de guerra ha modificado la cotidianidad de las comunidades, que ahora permanecen en alerta permanente.
La zona se ha convertido en un punto estratégico disputado por el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructuras que buscan el control de un corredor clave que conecta con Tibú, Cúcuta y la frontera con Venezuela. En este contexto, la población civil vive bajo una constante zozobra.
Según conoció Caracol Radio, uno de los episodios más graves conocidos fue el asesinato de un trabajador del campo, acusado de ser informante, lo que incrementó el miedo entre los habitantes.
El alcalde de El Tarra, Eyder Robles, confirmó la gravedad del panorama y advirtió que no existen condiciones mínimas de seguridad para garantizar el bienestar de la comunidad.
Según explicó, muchas familias han tenido que abandonar sus viviendas, mientras otras permanecen confinadas en medio del fuego cruzado y los constantes sobrevuelos de drones.
“La población que, en su gran mayoría, le ha tocado dejar sus viviendas, viviendas destruidas, y por miedo les ha tocado salir del territorio. Una gran preocupación porque todavía persiste la confrontación a través de drones, de diferentes medios de conflicto, y genera bastante miedo hasta para dormir, y más en esas veredas en confrontación; la gente no ha tenido tranquilidad, los que se han podido quedar”, dijo.
La educación
Uno de los puntos más críticos es la situación de la educación. Aunque algunos sectores han planteado la posibilidad de retomar las clases presenciales, el mandatario fue enfático en señalar que no autorizará el regreso de los estudiantes a las aulas. Más de 250 niños, niñas y jóvenes se verían expuestos directamente a los riesgos del conflicto si se reactiva la presencialidad en instituciones ubicadas en zonas de confrontación.
Es importante señalar que las escuelas son espacios protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contextos de conflicto armado.
De acuerdo con la información conocida, grupos armados estarían presionando a la población civil para que los menores retornen a clases, pese a la falta de garantías. Frente a esto, el alcalde hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para evitar una tragedia y priorizar la protección de la niñez.
La situación en El Tarra es apenas una muestra de la complejidad del conflicto en el Catatumbo, donde la población civil continúa siendo la más afectada en medio de la disputa armada entre los grupos que delinquen en la zona.
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