Este martes 8 de septiembre, el presidente, Abelardo de la Espriella, cumplió una de sus promesas de campaña: firmó el Decreto 1368, con el que levantó la suspensión general que pesaba sobre los permisos para portar armas de fuego en el país. Una decisión que, como se esperaba, ya generó voces a favor y en contra.
Sin embargo, el debate va más allá de gustos. La suspensión llevaba una década vigente: el expresidente Juan Manuel Santos la impuso en diciembre de 2015 con el objetivo de reducir la delincuencia, y lo que empezó como una medida transitoria se fue prorrogando cada fin de año, primero bajo Iván Duque y luego con Gustavo Petro.
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En la práctica, ese mecanismo obligaba a tramitar un “permiso especial” extraordinario para poder portar armas. Ese trámite adicional es lo que ahora desaparece. Lo anterior no tiene nada que ver con los permisos para tener un arma en casa.
Por eso, la decisión de De la Espriella no equivale a establecer porte totalmente libre de armas, como lo explica Andrés Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE). Lo que hace es levantar esa suspensión general, mientras mantiene intactos los requisitos, permisos y controles del régimen del Decreto Ley 2535 de 1993.
“Con la reciente decisión del presidente Abelardo de la Espriella de derogar dicha suspensión, el país retorna al ordenamiento del Decreto Ley 2535 de 1993, lo que reactiva automáticamente la vigencia de los salvoconductos ordinarios de porte y elimina la necesidad del permiso militar especial, manteniendo estrictos los controles psicofísicos y de antecedentes para su obtención”, explica el analista.
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Aunque, en ese entendido, Colombia no se estaría enfrentando a un terreno desconocido, lo que realmente preocupa, según Macías, es que Colombia tiene una larga historia de violencia armada, que sustentaba la necesidad de aplicar esas limitaciones. Y revertirlas no está respaldado por evidencia: no hay datos que permitan afirmar que más ciudadanos armados produzcan más seguridad. De hecho, buena parte de la evidencia apunta en la dirección contraria.
“Tener un arma puede producir una sensación subjetiva de mayor protección, pero eso no significa necesariamente mayor seguridad objetiva. Y esa diferencia es fundamental en una política pública”, explica el analista.
Ese argumento es respaldado por Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, quien asegura que la experiencia internacional es la que demuestra precisamente ese argumento.
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