El país intenta reponerse del millonario desfalco en la Unidad de Gestión del Riesgo, donde Sneyder Pinilla, Olmedo López y otros más se robaron y desviaron 1,4 billones de pesos mediante contratos irregulares, pero ya hay un nuevo escándalo que amenaza con superarlo.
Lo que hoy enfrenta Colombia podría ser tan solo la punta de un entramado mayor. Se trata del expediente judicial conocido como AREMCA, por el cual nueve personas permanecen detenidas desde principios de mes rindiendo cuentas ante jueces de control de garantías en Bogotá.
El proceso fue bautizado de esta manera porque el ente acusador vincula a los capturados con la apropiación irregular de $623.350 millones (más de medio billón de pesos) del Sistema General de Regalías por parte de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), cuyo líder señalado por la Fiscalía es Gustavo Bolaño Pastrana, un reconocido contratista de Ciénaga de Oro con contactos en varias regiones del país.
Para que no se enrede con lo técnico, hay que entender que el Sistema General de Regalías es el mecanismo mediante el cual el Estado administra y distribuye los pagos económicos que recibe por la explotación de recursos naturales no renovables (como petróleo, carbón o minerales).
Es decir, las empresas que explotan el subsuelo, que es propiedad de la Nación, pagan un dinero por ese uso y dinero; a su vez, es destinado para obras estatales como colegios, hospitales y acueductos. De esa mina de oro se pegó AREMCA.
Para la Fiscalía, esta asociación ha funcionado como un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) porque cada uno de los capturados cumplía una función y rol específico en la misma.
En las más de nueve audiencias llevadas a cabo, hasta ahora, el fiscal del caso ha señalado que esta estructura funcionaba como un “cartel de direccionamiento de contratos” financiados con recursos de regalías, operando bajo una fachada de un organismo estatal para beneficiar a contratistas y miembros de la organización.
Aquí es donde entra el nombre de Gustavo Bolaño Pastrana, un ingeniero de Ciénaga de Oro, en Córdoba, capturado en el caso y quien podría convertirse en testigo estrella de la Fiscalía, según pudo conocer EL COLOMBIANO. Aunque para su defensa, encabezada por el abogado Ricardo Morales, no es cierto que exista o se esté pensando en un preacuerdo con el ente acusador. Por ahora.
Bolaño dejó de figurar legalmente como director o representante de AREMCA en 2018, pero para la Fiscalía, a pesar de no tener un cargo formal desde entonces, sigue siendo el “dueño” y jefe absoluto de la organización, como describen en el proceso a AREMCA.
En ese contexto, y bajo esas responsabilidades, el ente acusador ha identificado en la investigación un bloque de aproximadamente 100 contratos celebrados por AREMCA sin requisitos legales (2017-2026) en Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Arauca, Casanate, Vichada, San Andrés, Bogotá, Caquetá y Cundinamarca. Solo en 2023 la entidad fue designada ejecutora en 74 proyectos en todo el país, lo que equivale a unos 148 contratos entre obra e interventoría.
Para las autoridades, la relación de Gustavo Bolaño Pastrana con los aproximadamente 100 contratos adjudicados por la red corrupta AREMCA es la de ser el cerebro, articulador central y “dueño” de facto de toda la operación, a pesar de no figurar legalmente en la organización desde 2018.
De acuerdo con las fuentes, su vinculación con este “cartel de direccionamiento de contratos”, como se desprende del expediente, se manifiesta de diferentes maneras.
Evidencias reveladas por la Fiscalía coinciden en que “todo lo que dijera Gustavo Bolaño, eso se hacía”; él decidía personalmente qué contratos firmaba la directora ejecutiva, Emilia Álvarez.
Aunque no tenía cargo formal, Bolaño para la justicia era quien gestionaba el lobby político de alto nivel con gobernadores y alcaldes para que AREMCA fuera designada como ejecutora de recursos de regalías.
Una vez obtenidos los proyectos, él supervisaba el proceso para que la adjudicación se hiciera “a dedo” a contratistas específicos, saltándose los principios de selección objetiva. Su relación con los contratos se extendía a la fase de ejecución financiera.
Como lo expuso el fiscal en audiencias, a través del grupo “Regalías SPGR”, impartía órdenes perentorias para cargar y pagar actas de cobro millonarias en cuestión de cinco minutos, a veces incluso sin contar con los avales técnicos necesarios.
Supuestamente era la persona encargada de negociar con los contratistas la omisión del recaudo de impuestos y estampillas territoriales (como la contribución especial de obra pública), convirtiendo obligaciones legales en supuestos beneficios económicos ilícitos para los particulares.
Para asegurar que los 100 contratos se tramitaran sin obstáculos, la Fiscalía dice que “Bolaño reclutaba a profesionales jóvenes y recién graduados y, al darles su primera oportunidad laboral, “aseguraba su lealtad y los utilizaba para que firmaran documentos de adjudicación y actas de cobro direccionadas”.
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