La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, cuestionó el evento de “paz urbana” realizado en Medellín el pasado sábado por el presidente Gustavo Petro. Este evento ha desatado múltiples reacciones en la opinión pública, pues en la Plazoleta de La Alpujarra, donde el jefe de Estado, miembros de su gobierno y congresistas aliados, realizaron un acto proselitista, se incluyeron a los voceros de las bandas criminales del Valle de Aburrá, a quienes trajeron desde la cárcel de Itagüí: alias Tom, Vallejo, Douglas, Pesebre, El Tigre, el Indio, El Saya, Albert y Juan 23.
Ante esto, la exministra hizo varias declaraciones en una reciente entrevista realizada por Caracol Radio, donde señaló los cuestionamientos legales de esa decisión. En primer lugar, aclaró que Petro, en su calidad de presidente, tiene la autoridad para entablar conversaciones con estructuras armadas organizadas o crimen de alto impacto.
“El presidente tiene la facultad de generar y adelantar los acercamientos y las conversaciones con las estructuras armadas organizadas, que se llaman crimen de alto impacto. Eso lo tiene por mandato constitucional, la Corte Constitucional lo ha dicho, la Constitución lo sostiene con fines de sometimiento a la justicia”, explicó.
Sin embargo, la exministra de Justicia, quien renunció denunciando presuntas presiones para hacer nombramientos en esa cartera, hizo una precisión: “aquí viene el primer paradigma: hay personas que ya están condenadas”, refiriéndose a los acompañantes del mandatario.
Buitrago aclaró que, aunque exista una posibilidad de acercamiento, no implica que se deba desconocer las condenas de las personas en esa mesa. “El hecho de que tengamos una posibilidad de acercamiento y de diálogo con grupos que deban someterse a la justicia no quiere decir que debamos desconocer a los que ya han sido condenados”, dijo.
“Entonces, lo primero que hay que decir es la ley lo faculta para hablar con grupos que no se han sometido a la justicia y que en su capacidad de director y de, obviamente, organizador de una paz pública como es el mandato constitucional, tienen la facultad de hacerlo. Pero estos no son grupos que estén tratando de someterse”, afirmó.
“Son grupos que ya han sido sometidos por la justicia”
La exministra resaltó una anotación que le hizo al mandatario: “Son grupos que han sido sometidos por la justicia y condenados por la justicia. Y eso tiene dos grandes diferencias, y yo se las mencioné varias veces al presidente”.
A la ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total, aunque permite que el gobierno negocie con grupos armados ilegales y gestione procesos de sometimiento, se le eliminaron los artículos que otorgaban facultades excesivas al Gobierno, como la posibilidad de levantar órdenes de captura sin control judicial.
También aclaró que los beneficios jurídicos deben estar sujetos a condiciones claras y bajo supervisión del Congreso y la justicia. “Se sabe porque la Corte Constitucional dijo que no se puede hacer ese sometimiento sin un procedimiento legislativo que debe pasar por el Congreso para hacer ese sometimiento. La segunda diferencia que me parece importantísima. Es que ellos ya están condenados”, expresó la exministra.
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Buitrago resaltó constantemente que estas son personas que ya están condenadas, que se encuentran en un proceso de legal y que también, “el presidente no puede desconocer la condena que ha proferido un juez de 30, 40 o 50 años frente a delitos de desaparición, homicidios, secuestros y demás”, afirmó.
Por otro lado, se refirió a lo que conllevaría su participación en proceso de paz: “esto significa que ellos pueden eventualmente ayudar a convencer a otras personas, pero no pueden ser beneficiarios de la política porque ya están condenados por la justicia”.
¿Qué beneficios les estaría dando Petro?
La exministra expresó que, al varios de ellos estar condenados por paramilitarismo, esto ya significa que tienen una categoría diferencial en la ley: “hay muchas de estas personas que estuvieron el sábado que pertenecen a un grupo paramilitar. Entonces, tienen sus propias condenas, su propio sistema, su propio tratamiento, que es justicia y paz”.
Con respecto a los beneficios que estos capos pueden estar teniendo, dijo que: “yo no puedo generar un privilegio de ponerlo en plaza pública a una persona que está condenada y que no ha reparado ni siquiera a las víctimas”. Y enfatizó sobre si el presidente puede o no otorgar ciertos beneficios: “No, no, y creo que esto es muy importante decirlo. Cuando las personas están condenadas, no hay beneficios, sino los previstos en la ley”.
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Los privilegios que establece la ley son “por ejemplo, rebaja por estudio, rebaja por trabajo, no rebaja por nada más, o posibilidad de libertad condicional, que significa el cumplimiento de una determinada parte de condena”, señaló.
“Si las personas siguen delinquiendo, o sea, tienen una condena y siguen delinquiendo, son reincidentes. Por lo tanto, la obligación no es venga y negociamos, sino venga y miramos cómo vamos a investigar y sancionar lo que usted está haciendo ahora”., dijo.
