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Exministra de Justicia de Petro cuestionó el borrador de ley para someter bandas: “Es una forma de camuflar una condonación de pena”

Para Ángela María Buitrago, el borrador del proyecto de ley excede algunos conceptos constitucionales.

  • Ángela María Buitrago, exministra de Justicia del gobierno de Gustavo Petro. FOTO: COLPRENSA.
    Ángela María Buitrago, exministra de Justicia del gobierno de Gustavo Petro. FOTO: COLPRENSA.
hace 3 horas
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Como una forma de exceder los principios del derecho penal y camuflar una condonación de penas a delincuentes que ya fueron condenados, calificó la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el borrador del proyecto de ley con el que el gobierno de Gustavo Petro busca procesar a las estructuras de crimen organizado que participen en las mesas de la política de “paz total”.

La exfuncionaria, quien hizo parte del mismo gabinete hasta hace un mes, y fue reemplazada por Eduardo Montealegre, declaró este viernes que “no hay autorización en la ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) ni en la lectura que le hizo la Corte Constitucional, para desconocer los principios de la justicia penal, las personas que están condenadas deben pagar su pena; ni están privilegiando un sometimiento posterior a una condena proferida por un juez. Ellos (los delincuentes de las bandas) ya han sido sometidos por la justicia”.

Buitrago reiteró, en una entrevista con Blu Radio: “yo veo en ese proyecto una forma de camuflar una condonación de pena a las personas condenadas, que tienen penas inclusive altísimas, y que eso no lo autoriza la Ley 2272”.

El borrador en cuestión lleva por título provisional “Proyecto de ley por medio del cual se establece tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y reglas de colaboración eficaz para el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, financiadores, colaboradores y otros, para la consolidación de la paz”.

Desde el viernes es objeto de análisis por parte del Consejo Superior de Política Criminal, que convoca a delegados del Minjusticia, la Fiscalía, la Policía, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría.

Aunque el propósito es presentarlo al Congreso en la próxima legislatura, ya comenzaron a filtrarse algunos de los beneficios que recibirían los cabecillas de los grupos de carácter no político que participen en los desarmes desde las cárceles.

Entre ellos están las penas de 5 a 8 años de prisión para los mandos medios y jefes; y de 2 a 5 años para los miembros rasos de estos grupos.

Para el caso de los capos que están encarcelados, el borrador propone que obtengan la libertad condicional si ya han pasado más de cinco años tras las rejas.

También la posibilidad de no ser extraditados y recibir penas alternativas en colonias agrícolas y centros de reclusión.

En el mismo documento se contempla un tratamiento especial para los financiadores y colaboradores de estas estructuras ilegales.

Y también para “las conductas cometidas en el marco de los disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social”, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una gabela para los integrantes de la organización clandestina Primera Línea.

“Me parece que se está excediendo la propuesta legislativa en términos de violaciones graves de principios constitucionales: la protección de la sociedad civil y la garantía del funcionamiento de las instituciones”, aseveró Buitrago.

Y agregó que “lo paradójico de esto, es que aquí ya funcionó la justicia, hay condenas ejecutoriadas, y ahora quieren decir que van a tener libertad condicional en contravía de las normas de derecho penal. No se tiene en cuenta a las víctimas para nada, y resulta que ahora vamos a decir que quien ya pagó ocho años tiene derecho a la libertad”.

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