El testimonio de la abogada y profesora Ana Bejarano, publicado en el portal Los Danieles, volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa décadas en Colombia: el acoso sexual en espacios de poder y las barreras para denunciarlo.
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Bejarano relató un episodio ocurrido al inicio de su carrera, cuando trabajaba como auxiliar en la Corte Constitucional de Colombia. Aunque aclara que no se trató de un hecho extremo, sí evidenció dinámicas normalizadas dentro de la institución, donde —según su testimonio— algunos magistrados hacían “avances” hacia mujeres jóvenes que iniciaban su judicatura.
En ese entorno, explicó, incluso existía un término para referirse a estas prácticas: “judicantear”, una expresión usada para describir relaciones íntimas entre funcionarios de alto nivel y practicantes, muchas veces en condiciones de desigualdad de poder.
Su experiencia personal comenzó con un almuerzo que parecía una oportunidad profesional. Un magistrado, que se presentó como conocido de su familia, la invitó a conversar. Sin embargo, el encuentro derivó en insinuaciones incómodas y una propuesta explícita de estar “a solas”, lo que llevó a Bejarano a alejarse.
Aunque el episodio no pasó a mayores, tuvo consecuencias en su vida laboral: cambió rutinas, evitó espacios comunes y, junto a una colega, ideó estrategias para esquivar al funcionario. “Me sentí ridícula”, escribió, reflejando una reacción frecuente en estos casos: minimizar lo ocurrido.
Más allá de su historia individual, la abogada subraya un problema estructural: muchas mujeres no denuncian por miedo a represalias o a afectar sus carreras. Según recuerda, estudios como uno de USAID en 2020 documentaron que estas conductas no eran aisladas, sino parte de una cultura organizacional que normalizaba el acoso.
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Ese patrón de silencio, advierte, se repite especialmente en entornos donde hay jerarquías marcadas y concentración de poder.
El debate que reactivó su columna no ocurre en el vacío. Coincide con una serie de denuncias recientes en medios de comunicación que han puesto en evidencia dinámicas similares.
Uno de los casos más visibles es el que involucra a Hollman Morris, actual director de RTVC. Un grupo de más de 40 periodistas, escritoras y abogadas firmó un comunicado en el que denuncia un presunto patrón de intimidación contra mujeres que lo han acusado de acoso sexual.
El documento pone como ejemplo el caso de Lina Castillo, quien denunció a Morris en 2019 por comportamientos inapropiados. Años después, él la denunció por injuria y calumnia, en un proceso que ha sido cuestionado por organizaciones y periodistas, que consideran que podría tener un efecto disuasivo sobre otras posibles denunciantes.
Las firmantes también señalan que el uso de recursos institucionales en audiencias judiciales —como la presencia de personal de RTVC o el uso de su imagen corporativa— podría interpretarse como una forma de presión.
En paralelo, otro foco de atención se ha concentrado en Caracol Televisión, que recientemente activó protocolos internos tras denuncias de presunto acoso sexual dentro de la empresa.
El pronunciamiento del canal, que aseguró estar del lado de las víctimas y garantizar el debido proceso, desató una ola de reacciones entre periodistas. Varias de ellas coincidieron en que estos casos no son nuevos y que durante años existió una cultura de silencio.
Entre las voces que se pronunciaron están Catalina Botero, quien afirmó que muchas mujeres no denunciaron por temor a cerrar puertas profesionales, y Mónica Rodríguez, quien señaló que el miedo a no ser creídas ha sido un factor determinante.
Otras periodistas, como Juanita Gómez, advirtieron que ciertas conductas fueron normalizadas como “momentos incómodos”, mientras que Laura Palomino destacó que denunciar no debe verse como una traición, sino como una forma de proteger el oficio.
Los tres escenarios —la justicia, los medios públicos y los privados— coinciden en un punto: la dificultad de romper el silencio.
En su columna, Bejarano lo plantea con claridad: incluso en casos que no escalan a violencia extrema, las cargas emocionales y profesionales recaen sobre las mujeres. Y en contextos más vulnerables, esas cargas pueden ser determinantes para optar por callar.
Hoy, con más testimonios saliendo a la luz, el debate se amplía. Ya no se trata solo de casos individuales, sino de estructuras que, durante años, habrían permitido que estas conductas persistieran.
La frase con la que Bejarano cierra su reflexión resume el momento actual: que se acabe el silencio y que la vergüenza cambie de bando.
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