Uno de los primeros anuncios del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella será derogar todas las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) creadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
¿Pero qué son las ETI y por qué generan tanta controversia? En términos prácticos, se trata de territorios casi que sin la intervención del Estado. Son entidades con facultades para administrar recursos públicos, ejercer gobierno propio y asumir competencias en áreas como salud y educación dentro de territorios indígenas.
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No lo hará desde Bogotá. Según conoció en primicia EL COLOMBIANO, el presidente electo viajará el próximo 8 de agosto a la Alta Guajira para eliminar esas figuras.
La elección del lugar no es casual. En precisamente en La Guajira donde el Gobierno avanzó en uno de los casos más emblemáticos de este modelo territorial.
Apoyado en el Decreto 482 de 2025, el Ejecutivo argumentó que estaba “llenando el vacío” dejado por el Congreso al no reglamentar las Entidades Territoriales Indígenas previstas desde la Constitución de 1991.
Ese decreto del Ministerio del Interior le abrió la puerta para legalizar entre 16 y 18 nuevas entidades. Sumadas a las ya existentes, las 22 ETI abarcan cerca de 17 millones de hectáreas —alrededor del 15 % del territorio nacional— y cuentan con presupuesto propio, según denunció el senador electo de Salvación Nacional Enrique Gómez este jueves.
Desde el equipo de transición de De la Espriella consideran que el proceso excedió las competencias del Ejecutivo. Gómez ya había anticipado a EL COLOMBIANO que uno de sus principales hallazgos era justamente la creación de estos espacios territoriales.
“Hay una feria de adjudicación de personerías orientada a avanzar de manera significativa la ‘agenda subversiva’ en muchos departamentos del país. Estamos evaluando las acciones penales y disciplinarias correspondientes, además de diseñar estrategias para sugerirle al nuevo Gobierno cómo enfrentar este proceso que, claramente, viola los procedimientos internos del Ministerio y tiene una agenda enfocada en el control territorial. Es un proceso que no solamente consideramos inconstitucional, sino también abusivo”, afirmó Gómez.
El caso de La Guajira
El caso que mejor ilustra el alcance de las ETI está en la Alta Guajira. En Uribia, la Agencia Nacional de Tierras delimitó Wuinpumüin, una entidad territorial indígena de 257.408 hectáreas formalizada este año.
La nueva ETI tiene como representante legal a Custodio Wouyurí Valbuena, hermano de Armando Wouyurí, uno de los promotores de la propuesta de Asamblea Constituyente del gobierno Petro. La organización Wayúu-Araurayú, representada por Custodio, suscribió entre 2023 y 2026 contratos por más de $20.038 millones con entidades nacionales y territoriales, según reveló EL COLOMBIANO.
Sin embargo, más allá de cada caso puntual: que abarca territorios en zonas tan diversas del país como el Amazonas o Cesar, el principal desafío para el gobierno entrante será jurídico.
Diversos expertos advierten que tanto los decretos del Ministerio del Interior como las resoluciones de la ANT podrían ser demandados ante las altas cortes, al considerar que el Ejecutivo avanzó en la creación de estas entidades sin que el Congreso hubiera expedido la ley orgánica que reglamenta las Entidades Territoriales Indígenas.
A ello se suman posibles controversias por la delimitación de los territorios y su relación con la propiedad privada. Aunque la ANT sostiene que las ETI no modifican los derechos de los propietarios, especialistas consultados por EL COLOMBIANO consideran que podrían surgir litigios por linderos, uso del suelo y competencias administrativas entre comunidades indígenas, particulares y autoridades locales. Para el gobierno de Abelardo de la Espriella, ese será uno de los principales frentes legales si decide desmontar estas entidades.
El escenario está servido para una disputa constitucional. Tanto la creación de las ETI como una eventual derogatoria podrían ser objeto de demandas judiciales.
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