Después de un año de investigaciones, las autoridades capturaron a 11 presuntos integrantes de una red delincuencial acusada de apropiarse ilegalmente de más de $3.000 millones en subsidios destinados a la población vulnerable en Colombia.
Se realizó una operación articulada entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en Medellín, Barranquilla y Montería, ciudades desde donde, según las investigaciones, operaba la estructura dedicada al fraude informático y al desvío de ayudas económicas administradas por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), explicó que la investigación permitió establecer que los recursos hurtados estaban destinados a “adultos mayores, Jóvenes en Acción y víctimas del conflicto”.
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“Logramos la desarticulación de una red criminal dedicada al robo de subsidios del Estado, los cuales estaban dirigidos a personas vulnerables o a las familias más necesitadas de Colombia”, señaló el oficial.
Según la Dijín, durante las diligencias de allanamiento fueron ejecutadas 11 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, acceso abusivo a sistemas informáticos, falsedad personal y abuso de confianza.
Así operaban
De acuerdo con las investigaciones, la organización identificaba beneficiarios de subsidios estatales y posteriormente intervenían el proceso de pago mediante maniobras tecnológicas.
Las autoridades indicaron que algunos integrantes se encargaban de obtener información personal de las víctimas, mientras otros realizaban las modificaciones en plataformas digitales para redireccionar los recursos hacia las cuentas controladas por la estructura. Después retiraban el dinero o lo transferían rápidamente para dificultar su rastreo.
Operativo coordinado entre varias ciudades
Las capturas se realizaron mediante allanamientos simultáneos en Medellín, Barranquilla y Montería. Durante los procedimientos fueron incautados computadores, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, tarjetas bancarias y otros elementos que ahora hacen parte del material probatorio.
Las autoridades también investigan si existen más personas involucradas y si la estructura tendría conexiones con otras redes dedicadas al fraude financiero y al ciberdelito. La Fiscalía señaló que continuará las investigaciones para determinar el alcance total del fraude y recuperar parte de los recursos desviados.
El caso vuelve a poner en evidencia el crecimiento de los delitos informáticos y las vulnerabilidades en sistemas de pagos digitales y subsidios estatales en Colombia.
En los últimos años, las autoridades han advertido sobre el aumento de redes dedicadas al robo de recursos públicos mediante hackeos, suplantación de identidad y fraudes electrónicos, especialmente en programas sociales que manejan transferencias masivas de dinero.
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“La Policía Nacional reafirma su compromiso para hacer esta persecución penal contra aquellos actores que pretenden apoderarse de los recursos de los colombianos”, agregó el coronel Sanabria.
Mientras tanto, los capturados quedaron a disposición de jueces de control de garantías para las audiencias preliminares en las que se definirá su situación judicial.
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