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Las familias que tengan negocios de vivienda con el Grupo Empresarial Invernorte, comprometido en una presunta estafa inmobiliaria, “deben suspender los pagos, porque esa organización no puede seguir recibiendo el dinero de promesas de compraventa que no van a cumplir”.
Así lo afirmó a EL COLOMBIANO Linda Ruiz, la abogada que denunció a Invernorte ante la Superintendencia de Sociedades y cuya gestión jurídica llevó a dicha entidad a ordenarle al grupo constructor que pare, de manera inmediata, la captación masiva y habitual no autorizada de dineros del público, mediante promesas de compraventa de inmuebles destinados a vivienda.
A juicio de la jurista, esa orden, contenida en la Resolución 300-004194 del 8 de octubre de 2018, es igualmente importante...