Los uniformados fueron enviados a la cárcel tras ser acusados de someter a un detenido a amenazas y tratos degradantes en zona rural del Oriente antioqueño. La Fiscalía sostiene que buscaban forzarlo a revelar el paradero de armas y dinero. Esta es la historia.
Cuatro integrantes de la Policía fueron enviados a la cárcel tras ser señalados de someter a actos de tortura a un hombre en Antioquia, con el objetivo de obtener información sobre una supuesta caleta con armas y dinero.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2025. El hombre, que se encontraba detenido, habría sido sacado de la estación de Policía de San Vicente Ferrer y trasladado, mediante engaños, a una zona rural del municipio de La Ceja.
En ese lugar, de acuerdo con la investigación, los uniformados le habrían mostrado herramientas como una pala y una pica, y lo amenazaron con enterrarlo si no entregaba la información que buscaban.
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Los implicados son el intendente Rodolfo Herrera Hernández; los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque; y la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez.
La víctima logró escapar y llegó hasta una finca en el municipio de La Unión, donde fue auxiliada. Posteriormente, fue puesta en contacto con unidades de la Dijín para su entrega voluntaria.
Dos días después, el intendente Herrera Hernández reportó a sus superiores que el detenido se había fugado durante un traslado médico, versión que es cuestionada por la Fiscalía.
Por estos hechos, un fiscal especializado imputó a los cuatro uniformados el delito de tortura. Además, a Herrera Hernández se le imputó el delito de falsedad ideológica en documento público.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue apelada por la defensa ante un tribunal de segunda instancia.
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