Pese a estar en tiempos de austeridad, en la Universidad de Antioquia muchos dicen no entender por qué la Facultad de Ingeniería está firmando millonarios contratos con sus propios empleados para operar un programa del Gobierno Nacional.
El pasado 25 de noviembre se hizo pública una denuncia de 84 páginas en la que señalaron al decano y la vicedecana de esa facultad de aprovecharse de sus cargos para que supuestamente empleados y personas cercanas recibieran jugosas remuneraciones por ejecutar, en muchos casos, tareas similares a las que ya hacen en su trabajo diario como empleados de planta.
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Mientras el decano controvierte esas denuncias y sostiene que los contratos se han ejecutado en estricto apego a la ley, los denunciantes radicaron el caso en la Fiscalía y la Procuraduría y les pidieron abrir una investigación y tomar las acciones a las que haya lugar.
En medio del ya caldeado ambiente político que se vive en esa institución, la polémica también ha profundizado las grietas dentro del Consejo Superior Universitario (CSU), desde donde varios integrantes piden que se revise de forma más estricta cómo la universidad está ejecutando sus recursos.
Lo que dice la denuncia
La denuncia en cuestión vino del seno mismo del CSU, desde donde el representante de los egresados, Giovani Alberto Caro, y la representante de los estudiantes, Laura Melissa Olarte, alertaron tener indicios de que el decano de la Facultad de Ingeniería, Julio César Saldarriaga Molina, y la vicedecana de esa misma facultad, Diana Catalina Rodríguez Loaiza, habrían celebrado presuntamente contratos sin el lleno de los requisitos legales.
Las suspicacias se han tejido alrededor de un contrato firmado entre la universidad con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) para la operación del programa Talento Tech, una estrategia de formación en habilidades digitales.
Si bien dicho programa tiene alcance nacional, en el caso de la Universidad de Antioquia (U. de A.) su participación vino por cuenta de un lote de $94.282 millones para operar el mismo en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó, en una alianza de la que también participan la Universidad de Caldas y una tercera empresa identificada como Ubicua.
La parte más sensible se centra en un paquete de contratos realizados por la Facultad de Ingeniería con varios particulares para ejecutar el programa.
Según plantearon Caro y Olarte en la denuncia, el problema de fondo estaría en que para ejecutar dichas tareas la facultad se habría gastado más de $700 millones en contratos con empleados de planta de la universidad, una decisión a juicio de ambos irregular por presuntamente abrir la puerta para que a algunos funcionarios les pagaran por hacer tareas que ya estarían dentro de sus funciones.
De igual forma, en la denuncia se señala con desconfianza que las remuneraciones por hora trabajada de la mayor parte de los empleados serían casi tres veces más a las que les daría la universidad.
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Para argumentar ese señalamiento, en el documento se analizaron por lo menos 21 contratos y se destacaron varios casos.
“Se evidencia duplicidad y repetición de funciones, fijación de honorarios sin fundamentos normativos, ausencia de supervisiones en los contratos e imposibilidad física de desempeño real”, se asevera en la denuncia, en la que se atribuyen esas presuntas irregularidades al decano Saldarriaga y la vicedecana Rodríguez.
Uno de los casos que se destacan es por ejemplo el de una funcionaria identificada como Lyda Yaneth Contreras, quien trabaja como jefe de sección académica de la facultad y, según los soportes anexados en la denuncia, ya devenga un salario mensual de por lo menos $8,4 millones.
“Se hace inconcebible que el decano de la Facultad de Ingeniería le realice contratos por más de $40 millones para que asesore en temas operativos este proyecto sabiendo que dentro de sus funciones están las del objeto de estos contratos”, plantearon los representantes.
A renglón seguido, los denunciantes advierten que en el contrato también se estaría pagando una hora casi tres veces por encima en comparación con los topes de la universidad, reconociéndose un valor por hora de $179.925 cuando en valor que reconocería la U. de A. según sus escalas internas sería de $59.975.
Aunado a ese punto, en la denuncia también se destaca con suspicacia que para el mismo proyecto de Talento Tech la Facultad contrató a la hija de esa misma funcionaria, a quien también se le asignó una remuneración casi tres veces comparada con los topes de la universidad.
“La funcionaria Juana Valentina Rueda Contreras es la hija de la funcionaria Lyda Yaneth Contreras, líder operativa del proyecto Talento Tech. El decano Julio César Saldarriaga, conocedor de que no lleva ni un año de graduada y que hay docentes de cátedra y vinculados con más experiencia en la facultad, decide contratarla para que desarrolle las mismas funciones por las cuales contrató a la mamá”, aseveraron Caro y Olarte.
Además de esos dos casos, la denuncia desglosa los nombres y funciones de por lo menos otras ocho personas, que también ya están contratadas por la universidad para ejercer tareas similares, a quienes se les reconoce una remuneración significativamente mayor comparada con las escalas internas o tendrían una experiencia cuestionada.
En ese contexto, en el documento se señala al decano y la vicedecana, encargados de liderar esa gestión contractual, de no acatar las políticas de austeridad, celebrar presuntamente contratos sin el lleno de los requisitos legales, detrimento patrimonial, creación de nóminas paralelas y hasta peculado.
Decano refuta señalamientos
Al ser consultado por el tema, el decano de la Facultad de Ingeniería, Julio César Saldarriaga, controvirtió los señalamientos y sostuvo que los contratos mencionados en la denuncia pública estarían amparados en las normas de la universidad.
En primer lugar, Saldarriaga consideró injusto que se lo señalara a él y a su vicedecana de ir en contra de la resolución de austeridad de la universidad, argumentando que los recursos en cuestión no provienen de los fondos generales, sino de los fondos especiales. Además de ello, señaló que en vez de representarle gastos a la universidad, esa vinculación con el MinTic le ha dejado excedentes a la U. de A.
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“Hoy este proyecto Talento Tech, sin haberse liquidado porque termina en junio de 2026, ha entregado excedentes cercanos a $750 y $800 millones. Ni estamos desfinanciando ese proyecto ni estamos haciendo un uso abusivo, sino que estamos usando la norma y estamos respetando los acuerdos que tuvimos con el contratante”, dijo Saldarriaga.
El decano también se refirió a sus razones para contratar personas dentro de la misma planta de empleados de la facultad.
“El Acuerdo Superior 253 permite que nosotros como profesores o los contratistas de la universidad puedan tener por fuera de la jornada laboral hasta un máximo de 15 horas, ya sea en extensión o en investigación. En este caso, el proyecto con Talento Tech es extensión”, dijo.
“Si una persona que tiene 40 horas a la semana contratadas para unas tareas la necesitamos para que nos ayude en otras tareas, podemos contratarla hasta 15 horas por fuera de ese plan. Por eso, incluso cuando informan que tienen varios contratos, yo tengo hasta 15 horas de más que puedo contratar, hasta 15 horas de más que pueden ir con un 200% máximo, si fuera el caso. Estas personas pueden tener 5 horas en un proyecto, 3 horas en otro, 7 en otro y ahí van 15. Eso la norma lo permite, la norma no lo está limitando”, explicó.
“¿Por qué estas personas?”, continuó el decano, “porque son la experiencia que hay detrás del proyecto, son la garantía sine qua non de que no podremos entregar la responsabilidad de formar a las personas sin el talento que nosotros tenemos aquí. Estas 15 horas de más que tienen las personas están respaldadas en productos y en actividades. El ministerio no me daría a mí los avales si no les entregara las corroboraciones de lo que hizo cada una de las personas”, agregó el decano.
De igual forma, el funcionario se refirió a las remuneraciones por hora incluidas en los contratos y señaló que en las normas de la universidad si bien hay unos topes y rangos, que se calculan de acuerdo a los parámetros de valoración internos de la institución, el ministerio puede reconocer remuneraciones diferentes, sin que ello constituyese una ilegalidad o una irregularidad.
Frente a los cuestionamientos por la contratación de la hija de la jefe de la sección académica, el decano también se defendió.
“Valentina por un tiempo fue estudiante de práctica de comunicaciones en la facultad e hizo la práctica con nosotros. Adicional a que hace el ejercicio de su profesión, también ha adquirido habilidades digitales. El ministerio me dice: ‘ese perfil me sirve’ y nosotros postulamos ese perfil y el perfil está allí. A ella se le paga no porque sea la hija de Lyda (el jefe de sección académica), a ella se le paga porque está cumpliendo con los perfiles y está haciendo garantía de que en el proyecto ella cumple con la cuestión que nosotros nos comprometimos”, dijo.
José Agustín Vélez Upegui, director jurídico de la Universidad, también se pronunció sobre la denuncia y señaló que la misma ya está siendo revisada internamente.
No obstante, Vélez refrendó la versión del decano, considerando que en la denuncia se estaría desconociendo una figura contractual muy empleada y amparada en las normas.
“Las normas de la universidad permiten, por ejemplo, tener varios contratos. Que los empleados de la universidad tengan contratos de cátedra es normal, eso no está prohibido, eso está permitido y hay unas regulaciones, unos topes. Los sistemas de información o las plataformas que tiene la universidad generan bloqueos automáticos cuando se superan los topes”, añadió.
¿Qué sigue tras la denuncia?
Más allá de las diferentes posiciones, lo cierto es que la denuncia sobre la Facultad de Ingeniería ya reposa en la Fiscalía y la Procuraduría, entes que deberán esclarecer si se cometieron o no irregularidades.
Mientras se aclara si desde alguna de esas instancias se abre un proceso, esta situación volvió a caldear los ya agitados ánimos políticos en órganos como el Consejo Superior Universitario, en donde muchos miembros han considerado que esa clase de cuestionamientos refuerzan la urgencia de controlar con mayor cuidado el uso de los recursos públicos.
Pese a que en semanas recientes la mayor parte de la atención se ha seguido centrando en el escándalo de Wilmar Mejía, integrante del CSU que se vio involucrado en denuncias sobre supuestos nexos entre las disidencias de las Farc y funcionarios de inteligencia, el tema del presupuesto de la universidad también ha generado opiniones encontradas, ya que muchos consideran que la universidad puede afinar más su política de austeridad.
Como telón de fondo, también se destacan tensiones entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia, que desde hace más de un año libran un pulso por quien asume las riendas de la institución.
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