Un juez de Antioquia ordenó arrestar al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por no cumplir con una tutela que obligaba a esa entidad a suspender un proceso de recuperación de baldíos en el municipio de Vegachí.
En la decisión aparece mencionado el exdirector de esa entidad, Juan Felipe Harman, quien dejó su puesto abandonado para impulsar la recta final de la campaña a la presidencia de Iván Cepeda.
El problema para esa entidad se remonta al pasado 29 de abril de 2026, día en el que el Tribunal Superior de Antioquia ordenó en segunda instancia frenar un proceso que venía adelantando la ANT en una finca llamada El Jardín.
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En dicho terreno, la ANT había emprendido una recuperación de baldíos, pero varios campesinos afectados sostuvieron que no se estaba respetando el debido proceso, ya que no habían sido notificados previamente.
Por esta razón acudieron a los estrados y, aunque en primera instancia un juez avaló el procedimiento de la ANT, en segunda instancia el Tribunal Superior de Antioquia amparó los derechos de los campesinos y ordenó que se cancelaran unas anotaciones e inscripciones en los registros de varios de los predios involucrados en el proceso.
Tras recibir esa orden, la ANT interpuso un recurso de reposición, pero el Tribunal Superior de Antioquia señaló no ser competente para pronunciarse sobre el caso, por lo que lo remitió a la Corte Constitucional.
Sin embargo, en medio de ese proceso, los accionantes sostuvieron que la ANT le estaba haciendo el quite a cumplir con esa sentencia de segunda instancia, solicitando entonces a la rama judicial que abriera un incidente por desacato.
Tras ser llamada a comparecer, la ANT argumentó que tenía unas solicitudes en curso e intentó sacar en limpio a su director Harman, señalando que él dentro de sus funciones no se encargaba de ejecutar las actuaciones exigidas por el tribunal.
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El caso quedó en manos del Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó, que no aceptó los argumentos de la ANT y señaló que, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie, tenía que cumplir con lo ordenado.
“Debe precisarse que la solicitud de modulación formulada por la entidad no comporta por sí misma la modificación, suspensión o inaplicación de la orden judicial, toda vez que dicha petición no fue acogida por este despacho y, como se indicó, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia ya se pronunció sobre la misma, disponiendo su remisión a la Honorable Corte Constitucional. En consecuencia, la orden impartida en la sentencia de tutela permanece vigente y es de obligatorio cumplimiento mientras no exista una decisión judicial que disponga lo contrario”, anotó.
Por esta razón ordenó tres días de arresto para el director de la ANT, con la correspondiente multa.
“Sancionar al Dr. Juan Felipe Harman Ortiz, representante legal de la Agencia Nacional de Tierras, o a quien haga sus veces, la sanción pecuniaria consistente en multa en cuantía de 356,13 UVB que equivalen a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno, que cancelarán a favor del Tesoro Nacional en la cuenta que para tal efecto está dispuesta y tres (3) días de arresto”, ordenó el juzgado.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué los campesinos de Vegachí interpusieron una tutela contra la Agencia Nacional de Tierras?
- La acción judicial se originó porque la entidad inició un proceso de recuperación de baldíos en la finca El Jardín sin notificar previamente a los afectados. Esta omisión violó el debido proceso, lo que llevó al Tribunal Superior de Antioquia a fallar a favor de las comunidades el 29 de abril de 2026.
- ¿Qué orden judicial exacta incumplió la ANT para que el caso llegara a un desacato?
- La entidad no acató un fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Antioquia que le exigía suspender el proceso de recuperación en la finca El Jardín y cancelar las anotaciones e inscripciones que ya había hecho en los registros de los predios involucrados.
- ¿Qué excusa presentó la ANT para intentar salvar a su director de la orden de arresto?
- Durante el incidente de desacato, la entidad alegó que Harman no era el responsable de ejecutar las acciones exigidas por el tribunal, argumentando que esas actuaciones operativas no hacían parte de sus funciones directivas. El juzgado rechazó este argumento y mantuvo la responsabilidad sobre la representación legal.
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