La semana pasada, en las veredas El Porvenir y El Ajizal de Itagüí comenzaron a circular panfletos con mensajes intimidatorios dirigidos principalmente contra población venezolana y personas señaladas de cometer delitos.
Los documentos, fechados en abril de 2026, anuncian supuestas “medidas de fuerza” y advierten que quienes incumplan ciertas normas serán tratados como enemigos. “Acaten las recomendaciones dadas, de lo contrario los entenderemos como enemigos y actuaremos en consecuencia”, dice uno de los apartes. También prohíben usar el territorio como refugio para personas acusadas de generar desorden y restringen circular con el rostro cubierto durante la noche.
Tras las denuncias de la comunidad, la Policía realizó un operativo en la vereda El Ajizal, sector El Beneficio, que permitió la captura de dos hombres de 19 y 21 años, señalados de distribuir el material. Al notar la presencia de los uniformados, intentaron huir y arrojaron los panfletos durante la persecución, los cuales fueron incautados como material probatorio. Uno de los capturados, de 21 años, tiene antecedentes como indiciado por tráfico de estupefacientes, constreñimiento ilegal y hurto. Los dos deberán responder por el delito de constreñimiento ilegal.
También le puede interesar: Panfleto en redes siembra miedo y provoca éxodo masivo en zona rural del norte de Antioquia
La justicia por mano propia puede entorpecer la justicia penal
El caso alertó además sobre un fenómeno que este mismo día se repitió en Medellín: en diferentes puntos de la ciudad, dos hombres acusados de robo fueron agredidos físicamente por ciudadanos antes de que llegara la Policía. Aunque la reacción puede entenderse como producto de la indignación ante la inseguridad, este tipo de episodios de justicia por mano propia tienen consecuencias legales concretas: las lesiones causadas antes de la intervención oficial pueden convertirse en irregularidades procesales que los defensores de los capturados podrían usar para cuestionar el procedimiento, dificultar la imputación de cargos o incluso lograr su liberación. Según abogados penalistas, existe una línea muy delgada entre la reacción legítima y el exceso: cuando en lugar de reprender el ataque se busca venganza, la conducta puede tipificarse como tortura u homicidio.
La xenofobia ya tiene historia en la ciudad
Los panfletos de Itagüí no son un hecho aislado. La xenofobia contra la población venezolana en el área metropolitana lleva años manifestándose de formas distintas: desde el rechazo cotidiano hasta episodios de violencia y desplazamiento forzado. El politólogo José Valencia, en el portal de opinión No Apto, ha documentado esa paradoja: un pueblo históricamente estigmatizado que reproduce los mismos prejuicios contra quienes llegan, temiendo que los migrantes venezolanos, al venir sin recursos, encuentren en la delincuencia su único camino.
Ese rechazo no se queda en actitudes individuales. En 2024, una familia venezolana de seis personas fue obligada a desplazarse del barrio Antonio Nariño, en la comuna 13 de Medellín, después de que un grupo de hombres los amenazara con expresiones xenófobas. Les exigieron mudarse en dos días o los matarían, y les reclamaron un millón de pesos por cada una de las dos motos de sus familiares que tenían parqueadas afuera. Cuando denunciaron el hecho, la Policía llegó al lugar y encontró a dos hombres intentando tumbar la puerta a patadas. Fueron capturados y judicializados.
La estigmatización de una nacionalidad entera por los delitos de algunos de sus miembros es, según organizaciones de derechos humanos, uno de los principales factores que alimentan este tipo de violencia. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de una estructura criminal organizada detrás de los panfletos de Itagüí, pero las investigaciones continúan para determinar su origen y alcance.
Lea más: Migración Colombia expulsó a cinco venezolanos por riesgo a la seguridad del país tras llegar a Bucaramanga
Regístrate al newsletter