Las firmas IDC Inversiones y Técnicas Constructivas, las mismas del escándalo de Aguas Vivas por el cual dos de sus directivos tienen líos penales, ahora figuran también en otro enredo que tiene en ascuas a once empresas con las cuales subcontrataron parte de la modernización del Hospital Mental de Antioquia, obras que están paralizadas.
Resulta que el Hospital Mental de Antioquia María Upegui (Homo) viene en un proceso de reposición y ampliación desde 2016 para transformarlo en el centro de atención de salud mental más grande del país. El proyecto contempla un nuevo edificio de siete pisos, con más espacios hospitalarios, zonas de consulta externa y áreas para servicios especializados, siendo la inversión inicial superior a $60.000 millones más otros recursos que se han ido apropiando.
IDC ha obtenido dos contratos por casi $30.000 y $18.000 millones, los cuales deberían estar ejecutados, pero los plazos no se han cumplido.
Por un malabar contractual, terminó cediendo parte de la fase final de los dos últimos pisos a Técnicas Constructivas, con la cual ha desarrollado otros proyectos, y esta a su vez ha contratado con compañías más pequeñas la llamada obra blanca, dentro de la cual se consideran carpintería, pisos, iluminación e instalación de soportes para asegurar las camillas.
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El problema es que a finales del año pasado dejaron de llegarles los pagos de Técnicas Constructivas y la reacción fue paralizar labores.
Ello suscitó que comenzando 2025 buscaran un entendimiento para reactivar los trabajos. La fórmula habría sido que los directivos del Homo sirvieran de garantes para el pago de la deuda que estaría entre $1.600 millones y casi $2.000 millones, según los afectados. Solo que los compromisos no se cumplieron y de nuevo el sitio de trabajo quedó desierto.
Ahora se quejan de que avanzaron hasta llegar aproximadamente al 90% del total, poniendo de sus recursos propios porque estaban confiados en que el Homo les iba a hacer los giros directos a ellos, pero hoy día están ilíquidos y nadie les responde.
“La gerencia dice que nunca se reunieron con nosotros, pero tenemos fotos de cuando nos convocaron e hicimos nuestras propias actas, aunque en las reuniones en la sala de juntas del hospital nos quitaron los celulares”, expresó la gerente de una de las firmas que se sienten defraudadas.
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A esas actas tuvo acceso este medio de comunicación. La primera, del 16 de enero de 2025, es la más extensa porque fue donde se plantearon los lineamientos generales del supuesto acuerdo de pago. La firman los representantes de las empresas Imperpro, Madeareas, Inversiones Alumitral, Socomes, Solutelco, Tecnelser, Inoxideas Divisiones en Acero, Ónix, Group construcciones–Angelo, Juan Tovar (Diseños geniales) y Dime.
Allí, el representante legal de Técnicas Constructivas, José Fernando Rueda, habría manifestado no tener recursos para culminar la obra y les pidió a la gerencia del Homo, a la interventoría interna y a la firma interventora permitir que los pagos se hicieran de manera directa del hospital a los subcontratistas, a medida que se fueran acometiendo las obras. Esto bajo la figura de endosos, algo que según explicó ya se había aplicado con éxito en la Biblioteca de la Zona Nororiental, donde también hubo dificultades. La otra opción era mantener la parálisis, con el riesgo de que perdieran lo que les debían.
De acuerdo con el acta firmada por los contratistas, ellos aceptaron de forma unánime solo porque el Homo figuraba como garante del compromiso de pago, pues aunque no estuvo el gerente, envió a un delegado. Entonces se habló de acreencias por $1.950 millones, sin contar las amortizaciones. Otro elemento que les dio confianza fue que también la interventoría habría dado el visto bueno.
“Fuimos claros en decir que nos tocaba sacar dinero directamente de nuestro patrimonio para terminar nuestros trabajos, y que si el Hospital daba la certeza de que nos pagaba, nos comprometíamos a seguir ejecutando las obras”, dijo la gerente de una de las firmas.
La segunda convocatoria fue en las mismas instalaciones del Homo, el 30 de enero de 2025, pero esta vez no se trató de una reunión general sino que cada contratista pasó a pactar en privado cómo les harían los pagos.
La tercera fue el 7 de mayo, pero esta vez no estuvo Rueda, sino una representante de la Interventoría Proeza y delegados del Homo, pues el objetivo era poner de manifiesto el incumplimiento de lo acordado. Al parecer, una de las dificultades para los endosos era que Técnicas Constructivas no estaba al día con los parafiscales y eso habría sido impedimento para certificar el cumplimiento de los avances.
Según la vocera de las once empresas afectadas, allí informaron que los trabajadores de Técnicas Constructivas habían demandado a esa empresa y prácticamente el Homo se lavó las manos diciendo que “ellos no tienen ningún vínculo contractual con los trabajadores ni con los subcontratistas”.
Por esta razón, los perjudicados consideran la posibilidad de demandar tanto al Homo como a la interventoría y se siguen preguntando por qué el hospital metió las manos al fuego por Técnicas Constructivas, aunque después les falló.
Este diario consultó con la Superintendencia de Sociedades, pero ni IDC ni Técnicas Constructivas se encuentran en este momento incursas en procesos de insolvencia como la reorganización y menos de liquidación.
De hecho, a junio 30 de 2025, la primera de estas empresas figuraba con activos por $95.803 millones y pasivos por casi $23.000 millones, en tanto reportaba ingresos por $31.000 millones. Es decir que su situación financiera, por lo menos en documentos, era saludable.
Un dato curioso es que estos informes del RUES (Registro Único Empresarial y Social) los firma Luis Felipe Agudelo Mesa. Este es un personaje enigmático que ha tenido un vínculo estrecho con el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez y que siempre habría estado detrás de la compañía, aunque quien había dado la cara era Juan Diego de Jesús Moreno, que en esos documentos aparece como el contador de la firma.
De hecho, Moreno es quien está emproblemado en el proceso penal de Aguas Vivas, junto con Juan Fernando Rueda. A ambos los acusa la Fiscalía de presunto peculado por apropiación, por un negociado que supuestamente pretendían hacer, en el cual primero le entregaron al Distrito un megalote localizado en la parte alta de El Poblado y después gestionaron para que les reconocieran cerca de $48.000 millones.
En el proceso también están vinculados nueve altos exfuncionarios de la alcaldía pasada, también por presunto peculado e interés indebido, pues habrían maniobrado para que las pretensiones de IDC, Técnicas Constructivas y del particular Juan Manuel Villegas salieran adelante, algo que finalmente no ocurrió. Igualmente, el exalcalde Daniel Quintero y uno de sus secretarios están acusados por la expedición de un decreto mediante el cual se habría valorizado Aguas Vivas después de que lo devolvieron a los antiguos dueños.
Otro dato que llama la atención sobre IDC es que la representante legal suplente actual es Sandra Patricia López Duque, quien también ha tenido cargos en Técnicas Constructivas y en la parte administrativa del Homo.
Este diario contactó al gerente del Homo, Ramón Acevedo, para conocer sus explicaciones sobre el asunto y si bien este contestó su teléfono móvil, dijo que no hablaría porque está de vacaciones, remitiendo a llamar a la gerente encargada, Patricia Gaviria al teléfono institucional. No obstante, en el conmutador no contestaron las decenas de llamadas que hicimos.
También intentamos comunicarnos con IDC Inversiones y Técnicas Constructivas, pero no respondieron ni en los números que figuran en documentos oficiales para notificarlos, ni en los teléfonos que aparecen en internet.
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