Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos, permitió desmantelar una presunta red criminal dedicada al tráfico de migrantes y al lavado de dinero proveniente de esa actividad ilícita. Según las autoridades, la organización habría diseñado diversas estrategias para ocultar el origen de los recursos obtenidos y dificultar su rastreo.
La estructura, al parecer, promocionaba a través de redes sociales supuestos planes turísticos hacia el Golfo de Urabá. Sin embargo, estos ofrecimientos serían utilizados como fachada para captar ciudadanos extranjeros interesados en continuar su recorrido migratorio hacia Centroamérica. A cambio de elevadas sumas de dinero, la organización presuntamente coordinaba la salida irregular de estas personas desde puntos estratégicos de Antioquia, como Necoclí, y de Chocó, como Capurganá, Acandí y Sapzurro.
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Las investigaciones indican que, mediante este esquema, más de 800.000 migrantes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela y China habrían sido movilizados de manera ilegal por vía marítima. Además, las autoridades detectaron movimientos financieros superiores a los $100.000 millones relacionados con estas actividades, gran parte de ellos registrados durante la pandemia del Covid-19, cuando las operaciones turísticas se encontraban restringidas.
Los elementos de prueba recopilados también sugieren que los recursos obtenidos eran ingresados al sistema económico mediante diferentes mecanismos, entre ellos transacciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial utilizadas presuntamente como fachada, la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la realización de múltiples transferencias de bajo monto, una práctica conocida como “pitufeo”, utilizada para evitar alertas en el sistema financiero.
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