A menos de un mes de las elecciones, los ánimos políticos andan caldeados y los ojos avizores más despiertos que nunca. Esto es lo que se podría desprender de la reciente denuncia hecha contra servidores públicos del municipio de Itagüí por parte de una veeduría local.
De acuerdo con la denuncia hecha por la Veeduria AMVA, en la noche del 4 de febrero se habría observado cómo en un vehículo perteneciente a la Secretaría de Movilidad de Itagüí, se estaría aparentemente llevando publicidad política, hecho que está prohibido por la ley.
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El suceso ocurrió en pleno Parque Obrero–Brasil, en el centro del municipio. Según el video divulgado en las redes sociales de la Veeduría, se observa cómo un ciudadano intercepta a los ocupantes del automotor –quienes vestían prendas de civil y al parecer no portaban ninguna identificación que los vinculara con la entidad– y les increpa por lo que sería el acto irregular de llevar propaganda política en vehículos oficiales.
Pese a los reclamos del ciudadano, los ocupantes del automotor no mostraron los pendones que llevaban –para así desvirtuar lo dicho por quien grababa– ni ofrecieron explicaciones de lo que realmente llevaban. Posteriormente, salieron rápidamente de la zona en el vehículo.
¿Qué dice la Alcaldía de Itagüí?
Consultada por este diario sobre el tema, la Alcaldía de Itagüí aclaró algunos asuntos. En un principio, la entidad indicó que el auto era utilizado por el inspector de tránsito María Enelida, el conductor del vehículo, Camilo Arbey Zuleta (agente de tránsito), y Wladimir Ramírez (contratista de la Secretaría).
Según esta información, la Alcaldía negó que el vehículo estuviera siendo usado por ciudadanos particulares, como se indicó al comienzo del video de la denuncia.
De otro lado, la administración señaló que lo que llevaban los funcionarios no sería propaganda política, sino material didáctico y otros pendones usados en campañas de seguridad vial del municipio.
Aun así, igualmente por conocimiento, la Alcaldía detalló que se le dará traslado a la denuncia ante la Oficina de Control Interno Disciplinario, para que haga la respectiva investigación.
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