En plena temporada de recolección, caficultores de Toledo y San Andrés de Cuerquia, en el norte de Antioquia, denuncian presuntas extorsiones del Clan del Golfo, que se identifica como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Según información conocida por Caracol Radio, el grupo armado estaría convocándolos a reuniones para imponer cuotas según el volumen de café que producen y comercializan.
Las denuncias describen dos modalidades; entregar una carga de café por cada diez producidas, o pagar hasta el 16 % de los ingresos por la venta del grano. Las exigencias también alcanzarían a comerciantes y transportadores que mueven el café desde las fincas hasta los puntos de compra.
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Una reunión que habría sido programada en los últimos días no se realizó por la presencia de tropas del Ejército en la zona. Aun así, persiste el temor de los campesinos a que las citaciones se reanuden. Piden más presencia de la fuerza pública y una intervención efectiva de las autoridades.
Hasta ahora no hay cifras públicas sobre cuántos productores están afectados ni sobre el monto total exigido. Se trata de denuncias que las autoridades deben verificar.
Esta no sería la primera vez que se reportan cobros en el municipio. En febrero de 2026, cerca de 20 ganaderos y comerciantes habrían sido citados bajo amenazas en la vereda Helechales, de Toledo, para comunicarles un aumento de las cuotas.
Según lo divulgado entonces, pedían 200.000 pesos mensuales a quienes tenían más de 50 reses, y entre 100.000 y 150.000 a quienes tenían hatos más pequeños, en efectivo y en los primeros cinco días de cada mes.
El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, dijo entonces que ninguno de los asistentes había presentado denuncia formal ante la Fiscalía, y lo relacionó con el miedo a represalias.
El gobernador, Andrés Julián Rendón, encabezó un consejo de seguridad en Toledo, pidió medidas judiciales más contundentes y recordó las recompensas de hasta 500 millones de pesos por cabecillas de estructuras criminales en el Norte.
En octubre de 2025 hubo otras denuncias también. Presidentes de juntas de acción comunal del Norte contaron que integrantes del Clan del Golfo les pedían datos detallados de fincas, propietarios y trabajadores, como nombres, identificaciones, teléfonos, fotos e información sobre la producción de café que tenían.
Un estudio del Politécnico Grancolombiano encontró que la tasa de extorsión en municipios cafeteros pasó de unos 13 casos por cada 100.000 habitantes en 2014 a 19,6 en 2022. Los autores advierten que las cifras salen de denuncias registradas y que el miedo a represalias puede dejar casos por fuera.
El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, ha calificado el fenómeno de “terrorismo económico contra la ruralidad”.
Ante este incremento, la Policía lanzó el 28 de agosto, en Concordia, el Plan Cosecha 2026, con unos 700 uniformados en los 25 municipios cafeteros del Suroeste, incluidos 500 de refuerzo, para evitar este tipo de hechos. En 2025, la Gobernación y el Comité de Cafeteros priorizaron 12 municipios para el refuerzo, entre ellos Toledo y San Andrés de Cuerquia.
La denuncia llega en un año complicado para el sector. La producción nacional cayó 28,3 % entre enero y abril de 2026, y en abril la carga se pagó a $2.229.900, un 26,8 % menos que un año antes. En Antioquia, el Comité Departamental de Cafeteros advierte que, según cómo se comporte El Niño, la cosecha podría cerrar cerca de 1,9 millones de sacos, entre 15 % y 20 % menos que el año pasado.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cómo opera la extorsión del Clan del Golfo a los productores de café en el Norte?
- El grupo armado cita a los campesinos a reuniones en veredas para exigirles o bien una cuota en especie (una carga de café por cada diez producidas) o un porcentaje de hasta el 16 % sobre el dinero total de la venta del grano.
- ¿Por qué las autoridades señalan que hay subregistro en las denuncias por extorsión?
- Debido al miedo a represalias violentas por parte de las estructuras armadas, la mayoría de los afectados no acude a la Fiscalía General de la Nación a interponer la denuncia formal, lo que dificulta la judicialización de los cabecillas.
