La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar el caso del asesinato del líder social y minero Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como ‘Mongo’, para determinar una posible responsabilidad del Estado colombiano por presuntas omisiones en las medidas de protección que debía garantizarle. El organismo analizará si las autoridades incumplieron con su deber de protección, pese a que el líder contaba con medidas cautelares desde 2016 debido a las amenazas en su contra.
El crimen ocurrió en marzo de 2025 en el nordeste antioqueño y conmocionó al país por las circunstancias que lo rodearon: el 3 de marzo de 2025, ‘Mongo’ desapareció con su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Berrío, mientras presuntamente se dirigían a una reunión en Vegachí.
La investigación de las autoridades determinó que la reunión fue organizada por alias ‘Sebastián’ o ‘Máximo’, cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo. Seis días después, el cuerpo de Gallego Gómez apareció en la vereda La Cristalina, en el mismo municipio, con impactos de arma de fuego, mientras que su conductor fue liberado por el grupo armado ilegal.
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Dentro de los elementos que serán revisados por la CIDH está el hecho de que el vehículo del líder social tenía rastreo satelital, así como las actuaciones desplegadas por las autoridades durante los días posteriores a su retención. Arlenson González Vanegas, conocido como ‘Sebastián’ o ‘Máximo’, fue enviado a prisión tras ser señalado como cabecilla urbano del Clan del Golfo y presunto responsable del secuestro y asesinato. El presidente Gustavo Petro había señalado públicamente a alias ‘Máximo’ como presunto responsable, en medio de las denuncias sobre la presencia de grupos armados ilegales en esa zona.
¿Quién era ‘Mongo’?
Jaime Alonso Gallego Gómez nació el 26 de enero de 1968 en Segovia, Antioquia, en una familia tradicional campesina. Su apodo venía de su padre, Dagoberto Gallego, conocido también como el ‘viejo Mongo’, quien se lo heredó.
Desde los 12 años trabajó limpiando carros y realizando mandados para los empleados de la Frontino Gold Mines, una empresa minera fundada por ingleses. En 1976, la compañía se declaró en quiebra y fue entregada a los mineros como forma de saldar la deuda que tenían con ellos. De ese proceso nació su vocación de defender a los mineros artesanales, sin embargo, también fue líder social buscando el esclarecimiento de los hechos de violencia que vivió su pueblo, como la masacre de Segovia de 1988, en donde 30 paramilitares asesinaron a 46 personas del municipio. Tiempo después, ‘Mongo’ fue uno de los que lideró la búsqueda de la verdad sobre esos hechos.
Fue fundador de la Asociación Mesa Minera Segovia–Remedios, integrante de la Mesa Minero Agroambiental del Nordeste Antioqueño, integrante de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (Asovisna), presidente del Comité Organizador del Carnaval de La Gigantona y candidato a la alcaldía de Segovia por el Pacto Histórico en 2023.
También fue colaborador del Centro Nacional de Memoria Histórica, con aportes en informes como ¡Basta ya! y Silenciar la democracia: las masacres de Remedios y Segovia 1982–1997.
El rechazo al crimen
El Centro Nacional de Memoria Histórica expresó su profundo rechazo y condena por el asesinato, perpetrado presuntamente por el Clan del Golfo, señalando que el crimen no solo arrebata la vida de un líder, sino que atenta contra la democracia y la posibilidad de construir un futuro en paz para Colombia. Así mismo, la Corporación Jurídica Libertad, hizo un llamado a que “se garantice la protección de los líderes sociales y se combata la impunidad, asegurando que la memoria y el legado de “Mongo” y de todos los defensores de derechos humanos no sean en vano”.
También el Ministerio de Minas y Energía expresó su rechazo al crimen afirmando que Gallegos fue “una voz clave en los procesos de diálogo y formalización del sector. Su asesinato es un ataque a quienes trabajan por una minería formalizada, sostenible y en paz”.
La Fundación Sumapaz, la Agencia Nacional de Minería, la organización Corpades y otras también se sumaron a las voces de rechazo frente al crimen. Según Corpades, el asesinato de ‘Mongo’ marcó un antes y un después en la espiral de violencia contra líderes sociales en Colombia. Desde esa fecha, según datos recopilados por organizaciones sociales, se registraron al menos 24 homicidios adicionales de líderes sociales, evidenciando que el crimen desencadenó una nueva fase de persecución sistemática en distintos territorios del país.
¿Por qué sería responsabilidad del Estado?
La CIDH estudiará si el Estado colombiano incurrió en posibles omisiones frente a las medidas de protección que debía garantizarle al líder, quien contaba con medidas cautelares desde 2016 por amenazas en su contra.
La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 023/22 para los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí, advirtiendo sobre la amenaza contra líderes sociales en la zona. Si bien ‘Mongo’ tenía escolta de la UNP y rastreo satelital en su vehículo, lo que más se va a estudiar serán las acciones que tomó el Estado después de que se conoció su desaparición. Las preguntas que deberá responder la CIDH son concretas: ¿actuaron a tiempo las autoridades cuando desapareció? ¿Se usó el rastreo del vehículo? ¿Qué hicieron en las horas críticas?
Un líder asesinado cada 48 horas
El caso de ‘Mongo’ no es una excepción: es parte de un patrón que Colombia no ha logrado romper. Durante 2025, 187 líderes o defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según el registro de Indepaz. En 2024, Colombia encabezó la lista de los países más peligrosos para los defensores ambientales, con casi 150 activistas asesinados, prácticamente un tercio de las víctimas registradas en el mundo, según Global Witness.
En lo corrido de 2026, la cifra no mejora. Según Indepaz, hasta el 10 de mayo entre 55 y 61 líderes sociales han sido asesinados en el país, lo que equivale a un crimen cada 48 horas. Antioquia encabeza la lista de regiones con mayor número de homicidios contra líderes sociales en lo que va del año. Le siguen Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Magdalena. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que, si bien en años recientes se ha observado una tendencia a la baja en los homicidios de este tipo, los niveles siguen siendo alarmantes.
La CIDH publicó en abril un segundo informe de seguimiento sobre personas defensoras y líderes sociales en Colombia, donde reconoció los avances del país en materia de prevención de los crímenes, pero advirtió que aún hace falta presencia estatal en los territorios.
Jaime Alonso Gallego Gómez o simplemente ‘Mongo’ tenía medidas cautelares desde nueve años antes de que lo mataran. Tenía escolta. Tenía rastreo. Tenía alertas tempranas emitidas sobre su territorio. Y aun así lo mataron. La CIDH no solo resolverá si el Estado falló en su caso sino que también dará luces sobre si el sistema de protección de líderes sociales en Colombia es una promesa real o un formulario que se llena y se archiva mientras los líderes y defensores siguen siendo asesinados.
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