En un plazo de diez días, el gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá que sentarse con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama para devolver el control de la EPS Savia Salud, que ya está a poco tiempo de completar tres años en poder del gobierno central y que acumula deudas por más de $1,2 billones con la red hospitalaria del departamento.
La decisión, que se produjo justo cuando desde el Palacio de Nariño ya se estaban dando señales que apuntaban a una posible liquidación de la entidad, no solo representa un duro golpe político para la administración Petro, sino que abre un nuevo horizonte para los cerca de 1,7 millones de antioqueños afiliados a esa promotora.
En contexto: Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió intervención de Savia Salud
En diálogo con EL COLOMBIANO, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó cómo se formuló la acción judicial y expresó su consternación ante la situación de la EPS, que a ciencia cierta no se sabe en qué estado será recibida tras estar en poder de interventores desde 2023.
¿De dónde salió esa acción judicial y qué implicaciones tiene?
“Nosotros apenas entrando al gobierno interpusimos una medida de nulidad y restablecimiento del derecho contra la intervención de Savia Salud y celebramos hoy que el Tribunal Administrativo de Antioquia le esté devolviendo a sus accionistas principales, dentro de los que está Comfama, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, una entidad que ha velado por el aseguramiento de 1,7 millones de antioqueños, los más vulnerables entre nosotros, porque no se nos olvide que Savia Salud es una aseguradora del régimen subsidiado.
Lo que no sabemos es cómo vamos a encontrar la entidad. Son casi tres años de intervención del gobierno Petro al estilo usurpador de esta administración que por fortuna está terminando, donde no solamente nos arrebató Savia Salud, Comfenalco, la Universidad de Antioquia, etcétera. Tiene una orden perentoria a la Superintendencia para que en 10 días hábiles le entregue esta EPS a los accionistas”.
¿Qué es lo que sigue luego de la medida cautelar?
“La orden del tribunal textualmente dice que ordena a la ‘Superintendencia Nacional de Salud que en el término de 10 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia se reúna con los accionistas de Savia Salud EPS y realice el empalme, así como la entrega de bienes, haberes y negocios de la EPS a sus administradores y accionistas’. Es muy claro que se suspende la intervención que había hecho de manera arbitraria el Gobierno Nacional de Savia Salud.
¿Y qué se argumentó en la acción?
“Ahí hay varias cosas. Lo primero que define aquí el tribunal es que la Superintendencia no cumplió el estándar constitucional de motivación, porque omitió analizar factores estructurales del sistema de salud y en consecuencia es vulnerable el debido proceso y afectada la legalidad del acto.
Si uno va a establecer una línea de tiempo de todo lo que fue este caso, Savia Salud fue intervenida el 16 de junio del 2023 por un supuesto deterioro financiero y otras causales esgrimidas por la Superintendencia. Nosotros entrando en el gobierno interpusimos un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con un argumento central que fue una falsa motivación de la resolución de la intervención y una violación del debido proceso, e hicimos una solicitud además de medida cautelar por el mismo Tribunal Administrativo de Antioquia. Fuimos al Consejo de Estado y en febrero del año 2025 nos confirmaron la negativa a la medida cautelar.
Pero el 26 de junio del año pasado la Corte Constitucional profirió la sentencia 277 de ese mismo año, donde definió unas reglas obligatorias para la intervención de cualquier EPS y dijo que era necesario analizar la unidad de pago por capitación (UPC), los presupuestos máximos y las fallas estructurales del sistema. Entonces, eso cambió el marco jurídico de la solicitud y con fundamento en ese fallo nosotros volvimos a interponer una nueva solicitud de medida cautelar y esta es la que está fallando hoy el tribunal”.
Es decir, que fue esa sentencia de la Corte la que le dio un segundo impulso a la acción...
“En la sentencia de la Corte Constitucional se establecieron nuevas causales para que las EPS fueran intervenidas por la Superintendencia. Entonces, este fallo es muy importante porque primero aquí le da una orden de inmediato cumplimiento a la Superintendencia, pero además crea una especie de jurisprudencia que no va a poder desconocer la Superintendencia a la hora de intervenir cualquier otra EPS y que además, con fundamento en esto, muchas de ellas que han sido intervenidas podrán apelar al mismo instrumento que utilizó la Gobernación de Antioquia para que pueda ser devuelta a sus accionistas originales.
En el año 2022 Savia Salud tenía un patrimonio negativo de $530.000 millones, hoy es de más de un billón y medio, negativo. Entonces, todo eso es un incremento de más de tres veces, y de alguna manera es lo que nosotros siempre hemos dicho. Con la intervención, prácticamente no ha habido ninguna entidad de las que ha intervenido Petro —es muy vistoso en el tema de la salud, pero en cualquier otro componente— que haya mejorado su situación financiera fruto de la intervención”.
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