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Hace unos días la prestigiosa revista The Economist se refirió al presidente Gustavo Petro con un título que no podría ser más demoledor: “El terrible presidente de Colombia se desespera”. Cerca de cumplir tres años de su mandato, el Gobierno ha demostrado una alarmante incapacidad. Las noticias de esta semana son apenas una pequeña muestra de los múltiples descalabros que ha padecido el país en los 1.063 días que lleva de mandato.
La promesa de una transición hacia una Colombia más justa, con reformas sociales de gran calado y una apuesta por la paz, ha resultado ser más demagogia que verdad. El Gobierno ha estado marcado por la improvisación, las manifestaciones de odio y el colapso progresivo de la institucionalidad. El país atraviesa uno de sus periodos más críticos por ese explosivo cóctel de una demostrada ineptitud administrativa y una ideología radical que ha aislado al Gobierno incluso de sus propios aliados.
El caos es cada vez más evidente. La renuncia de la canciller Laura Sarabia, tras la polémica licitación de pasaportes, se suma a una larga lista de crisis ministeriales. Más de 50 ministros han pasado por el gobierno en apenas tres años, el país ni siquiera se alcanza a enterar de sus nombres cuando ya no están. Escándalos como el del exministro Álvaro Leyva, y las denuncias de conspiraciones internas, muestran un Ejecutivo fracturado, donde reina la desconfianza.
En materia de seguridad, la llamada “Paz Total” ha sido un fracaso rotundo. Los ceses unilaterales del fuego, lejos de pacificar las regiones, han empoderado a los reciclados de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo para expandirse, reclutar y traficar. Hoy Colombia produce mucha más cocaína que en las épocas de los grandes carteles: en 2023 aumentó la producción un 53% frente a 2022, y tenemos el penoso récord del 67% de los cultivos de coca de todo el planeta.
Apenas esta semana nos enteramos de la masacre de ocho personas en Calamar (Guaviare), y un par de semanas atrás las disidencias de Iván Mordisco sometieron a paro armado al Guaviare, e hicieron más de 30 atentados en un solo día en el Valle y Cauca. Por no hablar del ataque contra el candidato de la oposición Miguel Uribe, que en una de sus hipótesis señala a estos grupos armados. Y mientras todo esto pasa, el presidente sube a su tarima a cabecillas del crimen organizado en Medellín, y se va también a San José del Guaviare a hablar del filósofo Habermas sin darse por enterado del drama que luego contó el alcalde de Calamar: “Hay familias que en este momento no tienen ni siquiera qué comer, porque vienen de un confinamiento de ocho días”.
Y si uno cambia de canal, también descubre una crisis fiscal sin precedentes. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que el descuadre entre gastos e ingresos (déficit fiscal) llegará a 7,1% del PIB este año. Las calificadoras de riesgo nos han sacado tarjeta amarilla. Los intereses que pagamos por la deuda del país cada día son más altos por ese manejo.
Se anuncian nuevos impuestos, mientras el Gobierno planea gastar dos billones de pesos para afiliar a Colombia a los Brics (con China y Rusia), y 1.900 millones de dólares más para comprar aviones de guerra suecos. Pero, eso sí, el presidente Petro es el primero en decir que no hay recursos para aumentar la UPC de salud, ni para los créditos universitarios, ni para subsidios esenciales de vivienda, energía y gas.
La salud está ahogada por el famoso chuchuchú del presidente Petro y su ministro Guillermo Jaramillo. El desmonte del modelo mixto ha sido torpe y caótico. El Gobierno desacata sin pudor las órdenes de la Corte Constitucional y decidió intervenir las mayores EPS del país, produciendo un descalabro –documentado por la Contraloría–, en estas empresas que han garantizado la salud de los colombianos en los últimos 30 años. El resultado es un sistema en crisis que pone en riesgo la vida de millones.
El sistema energético ha estado al borde del colapso. El Gobierno intervino Air-e, clave en la distribución de energía en el Caribe colombiano. Ha cambiado ya varias veces de interventor, y obliga a las generadoras a darle la energía fiada, con unos efectos aún por establecer. El chicharrón que está dejando Petro en este sector puede provocar un grave cortocircuito, con riesgos de apagón, para el próximo gobierno.
Como si esto fuera poco, esa imagen del queso gruyere en la que se ha convertido el Estado puede bien aplicar en este Gobierno. El escándalo de la UNGRD, con contratos inflados y desvío de recursos, o las dudas sobre Ecopetrol, demuestran cómo la politiquería y los intereses personales se han apoderado de instituciones clave.
No alcanza el espacio de este editorial para detallar todas las aristas de esta megacrisis que está viviendo Colombia. En lugar de corregir el rumbo, el presidente Petro ha optado por la confrontación permanente: arremete contra la prensa, descalifica a quienes lo contradicen y amenaza con una Constituyente.
Tres años han bastado para mostrar que las promesas del cambio fueron solo un discurso vacío. Lo que queda es un país más inseguro, más dividido, más endeudado y más frustrado.
En Colombia mucho se habla de democracia, de oligarquía, de comunismo o de populismo, pero a decir verdad la palabra que parece interpretar mejor nuestra realidad es la ineptocracia. Otros la llamarían la kakistocracia: proveniente de las raíces griegas kàkistos (lo peor) y kratos (gobierno).
Es hora de que el presidente escuche el clamor del país real. Gobernar no es pontificar desde redes sociales ni victimizarse ante la crítica. Gobernar es trabajar con eficacia, escuchar, dialogar y construir soluciones. Si Petro no corrige, la historia juzgará este periodo como uno de los más decepcionantes de la Colombia democrática. Y ese juicio no lo escribirá la oposición, ni los medios, ni la academia. Lo escribirán los millones de colombianos que aún creen que este país merece algo mejor. .