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Preguntas para leer con detenimiento: ¿Quién en el gobierno de Gustavo Petro responde por las vidas humanas que pudo haber costado la equivocación de intervenir la EPS Sanitas?
¿Quién en el gobierno de Gustavo Petro responde por las demoras de cirugías o de tratamientos médicos mientras la EPS Sanitas estuvo en manos del Estado?
¿Quién en el gobierno de Gustavo Petro responde por la pérdida de bienestar para los 5 millones 700.000 colombianos afiliados a esta EPS?
Alguien tiene que responder. El fallo de la Corte Constitucional que tumbó la intervención de la EPS Sanitas deja en evidencia el que pasará a la historia como uno de los errores más catastróficos del actual Gobierno. Han pasado 15 meses desde cuando se ordenó esta polémica intervención y los efectos devastadores son hoy inocultables.
Cabe recordar que en abril de 2024, cuando el gobierno estatizó los servicios para sus 5,7 millones de afiliados de Sanitas, se produjo una avalancha de protestas por lo que se consideró una decisión equivocada y de retaliación política, que llevó a la multinacional Keralty, dueña de la EPS, a interponer acciones legales por lo que consideró “una expropiación indirecta”.
Las advertencias fueron desestimadas con arrogancia por altos funcionarios, como el superintendente Luis Carlos Leal y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes justificaron su decisión alegando problemas financieros de la EPS, y nombraron como agente interventor a Duver Dicson Vargas, quien había sido subgerente administrativo de los hospitales de Villavicencio y San José del Guaviare. Era, guardando las proporciones, como poner a un subgerente de un supermercado a gerenciar una empresa como Coca-Cola.
Pues bien, quince meses después las cifras y la Corte Constitucional confirmaron que el remedio fue peor que la enfermedad. El desplome fue acelerado: El patrimonio de la EPS pasó de ser positivo en más de $21.000 millones antes de la intervención, a negativo en $1,45 billones ahora; las quejas aumentaron 19% y las deudas crecieron más del 30%.
En ese entonces, con la toma de control de Sanitas se confirmó el chú, chú, chú, con el cual el presidente Petro pregonó que las EPS caerían como fichas de dominó. Dicho y hecho. Primero fueron intervenidas Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Famisanar, pero el mayor remezón llegó con la intervención de Sanitas, que marcó el camino nefasto que estaba empeñado el gobierno en recorrer. Al día siguiente intervino la Nueva EPS, con cerca de 11 millones de afiliados, y siguió con otras más pequeñas como Capresoca, Coosalud. Las pocas que quedaron en pie, Compensar y Sura, viendo el descalabro del sistema pidieron retirarse, pero el Gobierno se los negó, porque tal vez comprendió en ese momento que la bola de nieve que había puesto a andar con el chú, chú, chú se le había salido de las manos.
La decisión de la Corte es trascendental por varias razones. No solo anuló las resoluciones que permitieron la toma de Sanitas, sino que recordó que el debido proceso no es un trámite opcional, sino un pilar del Estado de Derecho. La Corte dejó claro que se trató de una intervención sin los soportes técnicos y jurídicos requeridos, lo que refuerza las denuncias de que esta medida fue más ideológica que técnica.
Representantes de Keralty aseguran que esta victoria jurídica no borra el daño moral, institucional, financiero y humano que el gobierno causó a la EPS, a sus afiliados y a su personal con esta “estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada” al ahogar financieramente a la entidad negándose a reconocer la desfinanciación del sistema y el pago de deudas atrasadas. Ahora, se encuentra en curso una demanda internacional contra el Estado por 5,2 billones de pesos, lo que equivale a la mitad de una reforma tributaria.
Por lo pronto, la Procuraduría ha citado a rendir testimonio a varios de los actores clave, entre ellos Leal y la superintendente delegada Beatriz Noguera, esposa del ministro Jaramillo. La ciudadanía debe estar atenta a este proceso, porque lo que está en juego no es solo el futuro de una EPS, sino la capacidad del Estado para actuar con criterio, legalidad y respeto por los derechos ciudadanos.
No se puede permitir que este o cualquier otro gobierno tome decisiones sin sustento técnico, solo por ideología, porque no le gusta el sector privado. Lo que pasó con Sanitas, lo que está pasando con el tema de los pasaportes, lo que sucedió con el freno del pago de peajes a los concesionarios, son solo algunos ejemplos de medidas torpes que está dejando a su paso este gobierno de izquierda y que, lejos de proteger al ciudadano, lo han dejado más vulnerable, más desprotegido y más desconfiado de sus instituciones.
La salud, como derecho fundamental, no puede ser campo de experimentos ideológicos ni terreno para revanchas políticas. Lo ocurrido con Sanitas debe marcar un antes y un después: un punto de inflexión donde la ciudadanía, los entes de control y las instituciones se unan para defender los principios básicos de legalidad, eficiencia y justicia.
Porque detrás de cada cifra, de cada pérdida financiera, hay rostros humanos, hay sufrimiento y hay vidas en juego. Y a esas vidas, alguien debe responderles.