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Hace unos días, la rápida y efectiva reacción del Ejército Nacional evitó lo que hubiera sido una tragedia más provocada por la Paz Total de Petro. Tras una operación que involucró a cerca de 450 militares, 40 vehículos y 3 helicópteros, fueron rescatados 57 soldados que habían sido secuestrados en El Plateado (Argelia, Cauca).
De acuerdo con información que se hizo pública con posterioridad al rescate, el propósito de la estructura de las FARC que ejecutó este acto criminal instrumentalizando a la población civil, era conducir al grupo de Militares a una zona preparada donde serían masacrados. Este habría sido un sangriento mensaje a Petro y a las Fuerzas Militares para que abandonaran la zona, despejándoles completamente el corredor estratégico del cañón de Micay.
Además de la magnitud y la planificación de este nuevo acto criminal (que reeditó uno similar ocurrido en el mes de marzo, cuando fueron secuestrados 29 militares), llama la atención que pese a ser capturados en flagrancia, las 35 personas puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización como responsables del secuestro, fueron dejadas en libertad a las pocas horas.
Este resulta ser un desafortunado mensaje que los criminales sabrán interpretar como una muestra de debilidad institucional y de permisividad gubernamental, que terminará por incentivar la comisión de ataques cada vez más violentos en contra de la Fuerza Pública y la población civil.
Lamentablemente, la situación en El Plateado, al igual que en otras zonas del País donde la Defensoría del Pueblo ha identificado los principales focos de violencia (Arauca, Catatumbo, Bajo Cauca, Norte del Cauca, Nariño, Pacífico Vallecaucano, Putumayo, San Juan Chocoano, Sierra Nevada, Sur de Córdoba, Sur del Meta y Guaviare), reafirma el fracaso de una política de paz complaciente con la criminalidad, en la que tercamente persiste Gustavo Petro quizá para cumplir a los criminales que, según algunos de ellos y su propio Hermano, lo ayudaron a llegar al poder y con los que espera aferrarse a él.
El inocultable deterioro de la seguridad durante el gobierno Petro, ha llevado a que esta vuelva a ser la principal preocupación de los colombianos, y a que -por quinto año consecutivo- seamos el País más violento de Suramérica, el 140 entre 163 naciones que mide el Índice de Paz Global del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Entre otros lamentables datos, este informe dio cuenta de un aumento exponencial de los homicidios relacionados con el conflicto, pasando de 434 en 2023 a 933 en 2024.
En similar sentido, el Informe de Situación 2025 de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, publicado el 25 de junio, registró un incremento de 128% de los desplazamientos masivos, perjudicando entre enero y mayo a 68.200 personas. Además, el Informe destacó el aumento de 70% en los casos de confinamiento afectando a más de 91.000 personas, crecimiento de 56% en las restricciones a la movilidad, de 12% en ataques contra civiles, de 30% en acciones armadas y de 71% en uso de artefactos explosivos. A esto se suma la suspensión masiva de las operaciones de la ONU en el Cauca desde el 24 de mayo por amenazas de un grupo armado ilegal, dejando sin acceso humanitario a más de 282.000 personas.
Ya es hora de replantear la política de paz en Colombia, entendiendo que la seguridad es el único camino, y que solo con justicia y respeto a los derechos de las víctimas, podemos pensar en reconciliación.
