Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
La seguridad en Colombia está atravesando un momento crítico, no solo por la expansión territorial de los grupos armados ilegales, sino por una ruptura mucho más profunda y preocupante: la del acuerdo institucional básico que antes sostenía la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de orden público.
La Defensoría del Pueblo advertía hace unos meses que en el 71% de los municipios del país —790 en total— hay presencia de estructuras armadas ilegales. Pero la cifra, aunque escandalosa, no dice todo. Lo que más debería alarmarnos es que ya no existe una acción estatal coherente y articulada para enfrentar esta amenaza. Tradicionalmente, los gobiernos nacional, departamental y local —a pesar de sus diferencias ideológicas— lograban trabajar conjuntamente en temas de seguridad, reconociendo que estos desafíos trascienden cualquier proyecto político. Hoy, ese acuerdo tácito está roto.
La creciente polarización ha contaminado la gestión del orden público. Las diferencias políticas entre el gobierno nacional y varios mandatarios territoriales impiden el trabajo conjunto, y en medio de este desencuentro institucional está quedando atrapada la fuerza pública: mermada en capacidades, desmoralizada y expuesta a una presión política que debería serle ajena. La policía, el ejército, la armada y la fuerza aérea, no pueden ser moneda de cambio en disputas entre líderes. Deben mantenerse por fuera de la controversia partidista, con respaldo suficiente y claridad en sus funciones.
A la anterior preocupación, hay que sumarle que hoy no hay un norte estratégico. Durante décadas, la política de seguridad tuvo una prioridad clara: combatir a las FARC. Hoy, sin esa brújula, no sabemos cuál es el eje central de la acción del Estado. ¿Es la lucha contra la extorsión? ¿El homicidio? ¿El control de corredores estratégicos? Esta falta de foco impide diseñar respuestas eficaces, priorizar territorios críticos y coordinar acciones institucionales.
Además, la criminalidad ha mutado. Ya no hablamos de una gran amenaza unificada, sino de múltiples actores armados fragmentados que se adaptan rápidamente, ocupan vacíos de poder, controlan economías ilegales y avanzan sobre comunidades indefensas. Mientras tanto, el Estado pierde legitimidad y capacidad de control territorial.
La solución no pasa solo por más pie de fuerza o nuevos operativos. Lo que Colombia necesita con urgencia es un nuevo acuerdo nacional en torno a la seguridad. Un pacto transversal, por fuera de las disputas políticas, que reconozca que sin seguridad no hay democracia, ni desarrollo, ni transición de poder posible. Este acuerdo debe garantizar tres cosas: la recuperación de la coordinación institucional entre niveles de gobierno; una política de seguridad con norte, metas claras y enfoque territorial y una fuerza pública fortalecida, profesional, autónoma y respaldada.
Requerimos un Estado que cumpla con sus tareas en términos de seguridad, orden público y mantenimiento del control territorial. No se trata de volver al pasado, sino de entender que ningún proyecto transformador será viable si no parte de lo básico: proteger la vida, el orden y la autoridad legítima del Estado. Sin esto, el país se seguirá desmoronando desde sus cimientos.
