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Esta semana, Estados Unidos llamó a consultas a John McNamara, encargado de negocios de su embajada en Bogotá, a raíz de “declaraciones sin fundamento de parte de los más altos niveles del Gobierno colombiano”, tras los comentarios del presidente Petro en relación con los audios que revelaron el frustrado intento de conspiración de su excanciller Álvaro Leyva.
Algo así no ocurría desde 1903, en medio de las maniobras del gobierno de Theodore Roosevelt que desembocaron en la independencia de Panamá: ni el Bogotazo ni los peores momentos del Proceso 8.000 habían elevado tanto la tensión con Washington.
Y la política exterior no es el único frente en el que —en medio del ciclón noticioso que hace casi imposible seguirle el ritmo al país— estamos presenciando situaciones que no veíamos desde hacía décadas.
Ha pasado relativamente desapercibido, por ejemplo, el deplorable estado de nuestras finanzas públicas: sin una crisis que lo justifique, el despilfarro del gobierno Petro ha llevado al país hacia un déficit que podría acercarse al 8% al cierre de 2025, un nivel comparable, en los últimos 40 años, solo con el que dejó la pandemia. Según cálculos de José Ignacio López, presidente de ANIF, la deuda pública como proporción del PIB terminará el año en registros —desde que existen datos— solo comparables a los de la Guerra de los Mil Días, y el pago de intereses sobre esa deuda, medido frente al tamaño de la economía, será el más alto desde 1900.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe anual sobre el tráfico de estupefacientes publicado a finales de junio, reveló que en su último registro existían 253.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia: casi cuatro veces más que hace una década y la cifra más alta desde 2005, el dato más antiguo disponible. No sorprende entonces que —según la Invamer Poll, que mantiene la misma metodología desde hace más de veinte años— la percepción de que la situación con la guerrilla y el narcotráfico empeora sea hoy la más extendida desde que se hace la pregunta.
Del mismo modo, resulta inaceptable normalizar que ya haya transcurrido un mes desde el atentado, a quemarropa y con arma de fuego, contra un candidato presidencial —algo que no ocurría de esa forma desde 1989— y que, a la fecha, aún no sepamos quiénes ni por qué lo orquestaron.
Y todo esto ocurre bajo un gobierno que, por primera vez desde los episodios que precedieron la creación del Frente Nacional, libra una asonada continua contra el consenso de respeto a las instituciones de nuestra democracia liberal y a la separación de poderes, pilar que ha permitido que, en un continente —y en un país— famoso por sus caudillos y dictaduras, en Colombia hayamos dado por sentado, durante más de 70 años, que la norma sea la transición pacífica del poder.
Están sucediendo cosas que no veíamos hace décadas, y no es casualidad.
Adenda: Decidir veranear en Manta durante una breve visita a Quito, equivale a viajar a Ciudad de México y desviarse para descansar en las de Sinaloa...
