La deuda pública de Colombia sigue marcando máximos históricos y, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el país necesita ajustar rápido sus finanzas si no quiere que el hueco fiscal se siga ampliando.
Aunque el Gobierno activó la llamada cláusula de escape y presentó un plan para reducir el déficit, el CARF advierte que ese esfuerzo no es suficiente para estabilizar la deuda en niveles prudentes ni para cumplir con la regla fiscal en el mediano plazo.
Lea más: CARF advierte que la deuda de Colombia se acerca a su límite histórico: 64,3% del PIB
Por ejemplo, sus estimaciones indican que la deuda del Gobierno nacional podría ascender hasta 61,4% del PIB en 2025, 63,5% en 2026 y 64,3% del PIB en 2027, máximos históricos, que se acercan al límite legal de endeudamiento (71% del PIB).
Además, para 2025, el CARF proyecta que para cumplir la meta de déficit fiscal, aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) de 7,1% del PIB, se requiere un ajuste de $8,3 billones. Y para el 2026, el cumplimiento del déficit fiscal necesitaría de un ajuste de $33 billones, de los cuales $19,7 billones podrían obtenerse si se aprueba una nueva reforma tributaria.
Sobre estos riesgos y el anuncio de nueva reforma tributaria, así como de recortes en el gasto público, EL COLOMBIANO conversó Astrid Martínez Ortiz, presidenta del CARF, quien detalla por qué Colombia debe actuar ya y no aplazar más el ajuste fiscal, para evitar mayores presiones sobre la inflación, la tasa de cambio, las tasas de interés y la confianza en la economía.
Siga leyendo: Deuda pública por las nubes: cada minuto de 2025 le costará a Colombia $371 millones
¿Cómo vieron desde el CARF lo que ocurrió la semana pasada con las calificadoras de riesgo? ¿Qué lectura tienen o si los sorprendió esta situación que está relacionada con la regla fiscal
“Lo que se venía observando antes de esas manifestaciones de recalificación era que Colombia estaba pagando tasas de interés muy altas en comparación con países que tenían la misma calificación crediticia. De alguna manera, los analistas y los inversionistas identificaban riesgos que podían conducir a una calificación menor del riesgo de Colombia, lo que, a su vez, se traduce en tasas de interés más altas. Entonces, lo que ocurrió es como una confirmación por parte de las calificadoras del tamaño de los desequilibrios que enfrenta Colombia en materia económica”.
El CARF ha sido muy insistente con la deuda de Colombia. ¿Por qué consideran ustedes que este es el tema que hoy debe preocuparnos a todos los colombianos?
“Es central tener una senda de deuda, un tamaño de deuda o un servicio de la deuda adecuados. Son como tres dimensiones de este problema, que también son expresión de los desequilibrios fiscales y de otras variables que valoramos, como la relación entre el costo de la deuda y la tasa de crecimiento de la economía. Todo esto son expresiones de desequilibrio. Entonces, nosotros empezamos por analizar ese desbalance fiscal para insistir en una agenda que permita una consolidación fiscal, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, por ende, el desarrollo.
Ustedes saben que dentro de las normas está previsto que la regla fiscal contemple una convergencia hacia el ancla de deuda, que es del 55 % del PIB. Al igual que ocurre con los hogares: si un hogar está muy endeudado, el siguiente préstamo que solicite se lo van a cobrar más caro, si es que encuentra quién le preste dinero para financiar sus necesidades. Eso mismo ocurre también a nivel de las naciones. Por eso es importante hacer seguimiento al tamaño y al crecimiento de la deuda, entender por qué crece y atacar las causas que originan ese crecimiento”.
Le puede interesar: Suspender regla fiscal llevaría a Colombia al segundo peor déficit fiscal en 121 años
En el diagnóstico del CARF, ¿cuáles son esos elementos que los llevaron a considerar que el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que presentó el Gobierno hace poco, todavía no es suficiente para estabilizar la deuda?
“El punto de partida y el momento en que se inicia el ajuste son muy importantes en esta discusión. La dificultad para cumplir con la regla fiscal radica en el crecimiento del déficit total y del déficit primario. El año pasado ya tuvimos un déficit del 6,8 % del PIB, y este año lo que se proyecta es aún mayor. Entonces decimos, bueno, estamos ante una situación de crisis fiscal. La pregunta es: ¿cuál es el tamaño del déficit y cómo reducirlo? ¿Cómo se va a financiar? Cuando hay déficit, hay que financiarlo. No alcanzan los impuestos ni otros ingresos del Estado, como los ingresos de capital, para pagar todos los gastos que están proyectados.
Por eso es importante que el ajuste hacia una senda de consolidación fiscal empiece lo más pronto posible. Pero lo primero es insistir en que debe haber un esfuerzo desde este mismo año. Lo que encontramos es que el déficit que está proyectado, aun cumpliendo la meta, no es el ideal; quisiéramos que fuera menor. Pero para cumplir al menos esa meta, se requiere un ajuste por el lado de los ingresos de $8,3 billones. Y a medida que se avanza en la proyección, encontramos que para el año siguiente, en 2026, con el fin de reducir el déficit total del 7,1 % al 6,2 %, que ya sería un paso en la dirección correcta, se requeriría un ajuste de $33 billones para el próximo año”.
Lea aquí: Suspensión de la regla fiscal: ministro de Hacienda guarda silencio pese a negativa del Carf
¿Por qué dicen que, en la proyección que tiene el Gobierno, hay una diferencia?
“Porque el Gobierno está incluyendo allí los ingresos de la reforma tributaria que se debe presentar este año. Tiene que presentarse este año para que esos ingresos se reflejen en el escenario fiscal. Cuando se dé la reforma, si la aprueban y se define cuál es el monto, nosotros lo incluimos en nuestras cuentas, pero mientras tanto no lo estamos incluyendo. Entonces, decimos que de esos $33 billones, nosotros estamos considerando $19,7 billones, y los restantes los incluiríamos cuando efectivamente se apruebe la reforma. Pero se requiere esa reforma.
La diferencia con los $33 billones tiene que ver con que, si el recaudo no es el previsto en 2025 para 2026, la base para proyectar el recaudo del nuevo año también será más baja. Eso explica $11 billones adicionales en la diferencia que tenemos con los cálculos del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Ya a partir de 2028, encontramos que el ajuste propuesto deja un saldo considerable. Cada año habría que hacer un esfuerzo de casi 4 puntos del PIB para lograr que la deuda deje de crecer, que siga una trayectoria descendente. Eso es lo más preocupante que tenemos: el crecimiento de la deuda, que refleja el déficit y la necesidad de financiarlo.
Cada año hay que financiar una parte del déficit. Y en la medida en que el ajuste comience antes, también habrá un efecto positivo en la dinámica de la deuda y en el servicio de la deuda, porque si el mercado percibe que no hay un crecimiento desbordado de la deuda a partir de un nivel alto, podría reducir los intereses que cobra. No serán intereses tan bajos como los de antes de la pandemia, pero dejarán de crecer o empezarán a moderarse”.
En contexto: Se abre pulso legal por suspensión de la regla fiscal: enfrenta su primera demanda ante el Consejo de Estado
Meciona estos ajustes: $8,3 billones este año, y $33 billones en 2026. ¿Qué pasaría si no se hacen estos ajustes fiscales? ¿Qué consecuencias tendría si no se hacen estos ajustes?
“El efecto sería que el déficit previsto y proyectado sería mayor. Entonces, este año no sería de 7,1 %, sino que estaría por encima de ese nivel. El próximo año, ¿qué implicaría? Que la deuda crecería un poco más de lo que está previsto. Sobre la tasa de cambio, habría un cierto desequilibrio, digámoslo así, en el sentido de que no se entiende bien por qué, después de la decisión de las calificadoras, no se ha reflejado un aumento de la tasa de cambio. Eso no está ocurriendo; lo que estamos viendo es una revaluación del peso. Aquí normalmente se dice que cuando hay revaluación es por factores externos y cuando hay devaluación es por factores internos.
Pero eso hay que entenderlo mejor, hay que analizar el canal que conecta el balance fiscal con la tasa de cambio. Desde el punto de vista estructural, debería reflejarse en una devaluación, que no está ocurriendo. La inflación también tiene determinantes sectoriales, pero si hablamos de un determinante agregado, es decir, del agregado macroeconómico, la situación fiscal también influye. Ahora bien, puntualmente hay otros factores que presionan la economía nacional, por lo que no es tan directa la relación entre estos temas.
Lo que sí hacemos es un seguimiento mensual del recaudo y vamos advirtiendo que, si no se cumple, se necesitaría un recorte. En este pronunciamiento no hemos dicho nada sobre el recorte en 2025, un poco porque en el Plan Financiero de 2025 ya estaba incluido por parte de Hacienda un recorte, que está reflejado en el decreto de aplazamiento, el cual debe convertirse en un decreto de recorte efectivo. Pero eso es algo implícito. Nosotros no tenemos esa salvaguardia para afirmar que el ajuste ya está garantizado. Sabemos que, como estaba planteado el financiamiento, se necesita un decreto de recorte que reemplace al decreto de aplazamiento.
Lo que no sabemos es si eso realmente llevará a una reducción del déficit fiscal proyectado en el Marco Fiscal de 2025 o no. Por eso nosotros estamos tomando como referencia el dato del Marco Fiscal de 2025 y, además, teniendo en cuenta el momento del año en el que estamos. En fin, en años anteriores los recortes debían darse de forma efectiva y no como un decreto de aplazamiento, para evitar que no se cumpliera la meta fiscal”.
Conozca más: Colombia, entre los países con la deuda más cara del mundo: paga más intereses que Sudáfrica, Pakistán y hasta Rusia
Frente a la activación de la cláusula de escape, ¿qué lectura tienen sobre los riesgos que trae esto, teniendo en cuenta todo lo que implica suspender la regla fiscal y los llamados que ustedes han hecho sobre la necesidad de ajustes?
“Hay una discusión sobre si había o no justificación para activar la cláusula de escape. La realidad es que no está previsto en el marco legal que el Gobierno pueda decir de antemano: “No voy a cumplir la regla fiscal este año ni el siguiente”, sin activar la cláusula. Eso no está contemplado.
Por otro lado, la ley establece que la cláusula puede activarse en ciertos casos, aunque lo dice de manera muy general, y eso da lugar a mucha discusión sobre las razones que podrían justificarla. En nuestro concepto advertimos que, definitivamente, no considerábamos que hubiera hechos extraordinarios sobrevinientes. Pero, en términos de la situación macroeconómica, sí hay riesgos importantes. Lo que sucede es que esos riesgos aún no se han materializado de manera clara o evidente. No hay otro mecanismo distinto a la activación de la cláusula para comprometerse con un plan que diga: “No voy a cumplir este año, no voy a cumplir el próximo, y no puedo hacer el ajuste que se me indica en un solo año”.
Hay nuevamente una propuesta de una nueva reforma tributaria. ¿Eso sería suficiente para los ajustes? ¿Qué papel jugaría entonces para corregir los ingresos?
“A pesar de las reformas tributarias que se han hecho en el periodo que va desde 2019 hasta ahora, los ingresos no han aumentado significativamente, solo marginalmente, en 0,3% del PIB. Mientras tanto, el gasto, debido a elementos que explican su inflexibilidad, como los gastos sociales, ha aumentado 4,3%. Entonces, ¿usted qué haría si tiene un desequilibrio? Si comienza a recortar gastos, encuentra inflexibilidades, y es importante reconocer que más allá de cierto porcentaje ya no se puede recortar sin afectar el tamaño del Estado.
Entonces uno dice: “Bueno, por el lado de los ingresos, ¿qué puedo hacer?”. Y lo que tiene que hacer el Ministerio es presentar ese proyecto de reforma y el Congreso verá si lo aprueba o no. O podría ser una reforma tributaria orientada al crecimiento, ampliando la base. Todos sabemos que no todo el mundo paga los impuestos que podría pagar. Y eso, para quienes sí pagamos impuestos, es percibido como una injusticia. Entonces uno se pregunta: ¿cómo se puede aceptar esa injusticia? Pues tiene que haber controles sobre la evasión y sobre la corrupción. Todas esas cosas hacen que la gestión interna de la tributación tenga esos elementos.
Pero lo fundamental, en plata blanca, es una reforma tributaria que garantice ingresos estructurales que ayuden a cerrar el desbalance desde ahora y, en el mediano plazo, aseguren que la deuda deje de crecer y converja hacia el ancla, hacia lo que se considera prudente y razonable. Ese nivel es el 55% del PIB. Hoy estamos alrededor del 61%”.
Entérese aquí: MinHacienda responde a Moody’s y Standard & Poor’s: “fundamentos de la economía siguen firmes”
