El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una alerta sobre la relación entre el narcotráfico y el consumo de gasolina en Colombia.
Según estimaciones de la Contraloría General de la República, entre el 4% y el 12% de la demanda nacional de gasolina podría estar vinculada con actividades ilícitas, lo que genera pérdidas fiscales significativas y mayor dependencia de las importaciones.
“Si combinamos un mapa de poliductos, estaciones de servicio en zonas de frontera, cultivos ilícitos y laboratorios ilegales, es evidente la preferencia del narcotráfico por buscar áreas con facilidad de acceso a combustibles”, señaló Rodríguez.
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El contralor también destacó que las exenciones tributarias aplicadas a los combustibles vendidos en las zonas de frontera tienen un costo fiscal de $417.000 millones anuales, lo que, en la práctica, incentiva el contrabando y el uso del combustible para la elaboración de narcóticos.
Déficit histórico del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles
Rodríguez criticó además el diseño del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), creado para mitigar la volatilidad de los precios internacionales. Según el contralor, este mecanismo no está adaptado a la dinámica del mercado energético y ha generado desequilibrios fiscales crecientes.
“Si sumamos todos los déficits generados en este fondo, descontando los escasos superávits desde su creación, fácilmente superamos los $100 billones. Eso equivale a 20 reformas tributarias, recursos que podrían haberse destinado a sectores prioritarios”, afirmó.
El contralor advirtió que mantener el FEPC bajo su estructura actual seguirá afectando la sostenibilidad de las finanzas públicas y agravando el panorama fiscal del país.
Pérdida de autosuficiencia energética
Otro punto de preocupación de la Contraloría es la pérdida de autosuficiencia en la producción de combustibles.
Hasta 2015, Colombia importaba menos del 2% de la gasolina que consumía. Sin embargo, hoy las importaciones cubren cerca del 20% de la demanda nacional, ya que la producción de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena no es suficiente.
En cuanto al ACPM, el contralor afirmó que el país está al borde de perder la autosuficiencia, pues se consume prácticamente el 100% de lo que se produce internamente.
Rodríguez insistió en que el sector de los combustibles es fundamental para el desarrollo económico, al ser una fuente clave de ingresos tributarios y sostener el aparato productivo nacional.
“Sin combustibles no se tiene aparato productivo funcional, ni los ciudadanos pueden acceder a muchos bienes y servicios que hoy damos por sentado”, puntualizó.
Impacto fiscal de las medidas tributarias
Entre las medidas para incrementar los ingresos del Estado, el Gobierno ha propuesto aumentar el IVA a los combustibles e incluir los biocombustibles y la distribución minorista dentro del mismo régimen.
No obstante, la Contraloría advierte que estas iniciativas podrían afectar la inflación, el crecimiento económico y la competitividad, al trasladar el peso fiscal al consumidor final.
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“Durante las últimas dos décadas, los gobiernos han usado los precios de los combustibles como una válvula de escape de corto plazo para resolver problemas fiscales. El reto político-económico es encontrar un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y estabilidad económica, sin recurrir de forma recurrente al precio de la gasolina”, enfatizó Rodríguez.
Avances en transición energética aún son insuficientes
En cuanto a la transición energética, el contralor reconoció avances importantes, pero advirtió que no aliviará la demanda interna de combustibles fósiles en el corto plazo.
El desarrollo del hidrógeno verde sigue en fase piloto, mientras que los biocombustibles enfrentan limitaciones técnicas y ambientales que impiden su masificación. Por ello, Rodríguez instó a fortalecer políticas estructurales que reduzcan la dependencia energética sin poner en riesgo la estabilidad económica.
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Falta de control en el Fondo Solidario SOLDICOM
Finalmente, la Contraloría reveló los hallazgos de las auditorías al Fondo de Protección Solidaria (SOLDICOM), que apoya a los distribuidores minoristas de combustibles.
El informe señala la limitada función del Ministerio de Minas y Energía en la aprobación de proyectos de inversión del fondo y falta de claridad en los gastos administrativos y procedimientos de recaudo, especialmente cuando los minoristas también actúan como mayoristas.
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