El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que modificaría las reglas del llamado “deslizamiento del salario mínimo”, mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan anualmente a la par de dicho salario.
Este ajuste incluye tres factores: inflación, aumento de productividad y un componente político del Gobierno. Mientras los primeros son cubiertos por el ahorro y rentabilidad de los afiliados, el cambio propuesto implica que el Estado dejaría de asumir la parte discrecional del ajuste, trasladando una mayor carga a los futuros pensionados.
Impacto en las rentas vitalicias
Según Asofondos y Fasecolda, de este decreto ser aprobado se afectaría gravemente la capacidad de los colombianos para pensionarse, provocando menor número de pensionados, pensiones más bajas y desprotección en los seguros de invalidez y sobrevivencia.
Una de las principales advertencias es que, de aprobarse la medida con la que el Gobierno dejaría de cubrir ese “extra”, los colombianos tendrían que aportar cerca de un 30% más para acceder a una pensión mediante renta vitalicia.
Esto no solo reduciría el número de personas que lograrían pensionarse, sino que también disminuiría el monto de las pensiones de quienes sí alcancen el capital necesario.
Como ejemplo, señalaron que incluso para quienes conserven el acceso a una pensión, el proyecto implicaría un deterioro significativo del valor de la mesada. Al incrementarse el costo de las rentas vitalicias, el mismo ahorro generaría una pensión más baja.
Según el documento que Asofondos y Fasecolda enviaron al Ministerio de Hacienda, bajo la normativa vigente una persona con un capital de $446 millones podría obtener, en promedio, una pensión superior a $1.800.000. Con el cambio propuesto, esa misma persona quedaría limitada a una pensión equivalente al salario mínimo ($1.423.500), lo que representa una reducción cercana al 30%.
El deterioro, advierten, no obedece a variaciones en el esfuerzo de ahorro del trabajador ni en su trayectoria laboral, sino exclusivamente a una modificación regulatoria que debilita la capacidad del sistema para reemplazar ingresos en la vejez.
“Con esta medida, será más difícil acceder a una pensión mínima vitalicia; en consecuencia, menos trabajadores podrán asegurar un ingreso de por vida”, explicó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
Desprotección en pensiones de invalidez y sobrevivencia
El proyecto también afectaría a los pensionados por invalidez o sobrevivencia. Estos seguros previsionales permiten proteger a los trabajadores frente a contingencias como accidentes, enfermedades graves o fallecimiento.
Actualmente, más de 19 millones de afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por las AFP, se encuentran cubiertos por seguros previsionales que garantizan una pensión vitalicia para el trabajador y/o su núcleo familiar en caso de invalidez o muerte.
La ley dispone que la suma de la prima del seguro previsional y la comisión de administración de las AFP no puede superar el 3% del ingreso base. Sin embargo, como consecuencia del incremento en el costo de las rentas vitalicias derivado del decreto, se estima que la prima promedio de estos seguros pasaría del 2,5% actual alrededor de 3,2%.
En tal escenario, según Asofondos, el valor de la prima superaría el techo legal, haciendo jurídicamente imposible contratar el seguro en las condiciones hoy vigentes, dejando sin protección a millones de afiliados.
“Si no hay quien ofrezca este seguro por el alto aumento en los costos, millones de afiliados quedarán desprotegidos en momentos de mayor vulnerabilidad”, explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
Consecuencias financieras para el Estado
Para los gremios, el decreto también tendría un efecto regresivo: mientras reduciría la cobertura de protección para los afiliados, aumentaría las obligaciones financieras del Estado, con implicaciones directas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Esto se debe a que, si el aseguramiento previsional se vuelve inviable, la Nación tendría que asumir las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Estas obligaciones, advierten, podrían costar cerca de $2 billones durante los primeros 10 años.
Además, al encarecer el valor de la renta vitalicia, muchos afiliados que hoy pueden autofinanciar su pensión quedarían por debajo del umbral requerido y terminarían accediendo a la Garantía de Pensión Mínima (GPM). Según estimaciones del Ministerio de Hacienda y de los propios gremios, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima se agotaría, y una vez ocurra, las pensiones con GPM pasarían a ser financiadas directamente con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Actualmente hay 2.426 personas que cumplirán la edad de pensión el próximo año, reúnen los requisitos para la GPM y que —bajo las reglas actuales— podrían autofinanciarse. Sin embargo, si el decreto se aprueba, todas ellas ingresarían a la GPM, acelerando el agotamiento del Fondo y aumentando la presión sobre los recursos públicos, en detrimento de otras necesidades sociales.
“Estos recursos podrían destinarse a programas solidarios como Colombia Mayor u otras prioridades”, señaló Velasco, al advertir la presión fiscal que la medida generaría a mediano y largo plazo.
Llamado de los gremios al Gobierno
Los representantes de Asofondos y Fasecolda hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se establezcan mesas técnicas que permitan evaluar los impactos del proyecto de decreto y buscar soluciones que mitiguen sus efectos negativos.
Los gremios enfatizaron en que cualquier cambio en la regulación del sistema pensional debe analizarse de forma integral. E invitaron al Ministerio de Hacienda a revisar conjuntamente los efectos adversos que podría generar el proyecto de decreto y a asegurar que las normas se articulen adecuadamente, “evitando regulaciones fragmentadas, inconsistentes o incluso contrarias a los objetivos del sistema, especialmente debido a la interdependencia que caracteriza a las disposiciones en materia pensional”.
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