Con las reglas de juego ya definidas para el nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas, en el marco de la emergencia económica, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estima que ese gravamen recaude más de $6 billones.
Hay que recordar que este impuesto aplica a empresas con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, equivalentes a $10.475 millones, con una tarifa general de 0,5%.
Sin embargo, el decreto establece una tarifa diferencial más alta, de 1,6%, para sectores específicos como el financiero y el extractivo.
¿Qué empresas quedan excluidas del impuesto?
El decreto contempla algunas excepciones puntuales. No estarán sujetas al impuesto las empresas del sector salud ni las compañías de servicios públicos domiciliarios que operen en zonas afectadas.
Estas exclusiones buscan mitigar el impacto en sectores considerados estratégicos o sensibles dentro de la economía.
De acuerdo con estimaciones de la Anif, el impuesto al patrimonio empresarial podría generar un recaudo cercano a los $6,3 billones.
El análisis se realizó con base en información empresarial de la plataforma EMIS, proyectando el patrimonio de las compañías hasta el primer trimestre de 2026.
Según estas proyecciones, el 65% del recaudo, equivalente a $4,1 billones, provendría de los sectores gravados con la tarifa del 1,6%, principalmente el financiero y el de extracción de petróleo.
El 35% restante, unos $2,2 billones, correspondería a las empresas sujetas a la tarifa general del 0,5%.
¿Por qué genera preocupación este impuesto?
Aunque el impuesto puede fortalecer los ingresos del Estado en el corto plazo, su implementación ha generado alertas sobre sus efectos en la economía.
Desde Anif advierten que este tipo de gravámenes son poco comunes a nivel internacional. Actualmente, solo cinco países mantienen alguna modalidad de impuesto al patrimonio empresarial, generalmente con tarifas inferiores al 1% y de carácter temporal.
En ese sentido, la medida podría afectar la percepción de Colombia como destino de inversión, especialmente en un entorno global donde los capitales buscan mercados con mayor rentabilidad y estabilidad tributaria.
¿Qué impacto tendría sobre la inversión y el crecimiento?
El principal cuestionamiento radica en que el impuesto grava directamente el capital de las empresas, lo que encarece la acumulación de activos productivos y desincentiva la expansión empresarial.
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Esto ocurre en un contexto en el que la inversión en Colombia ya muestra señales de debilidad. La formación bruta de capital fijo pasó de representar cerca del 24% del Producto Interno Bruto en 2015 a apenas 16% en 2025.
Para los analistas, este tipo de medidas podría profundizar la desaceleración de la inversión y restar competitividad al país frente a otros destinos internacionales.
En este escenario, expertos insisten en la necesidad de diseñar incentivos que promuevan la creación de activos productivos y fortalezcan el crecimiento económico de largo plazo.
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