Al cierre de la tarde del pasado 17 de junio, Barranquilla se sumió en la oscuridad. Un apagón de al menos dos horas dejó a casi 200.000 personas sin energía eléctrica, hecho que Air-e, empresa prestadora del servicio, atribuyó a un “evento técnico”.
Sin embargo, para los expertos, más que una falla aislada, este incidente fue un presagio de la crisis que se avecinaría si esa compañía –hoy intervenida– llega a colapsar. Es que, no solo amenaza a la Costa Caribe, sino que es la piedra angular del futuro del sistema eléctrico colombiano.
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Para comprender cómo se llegó a este punto de difícil retorno, hay que remontarse a 2020. En ese año, Electricaribe, que durante años suministró el servicio de energía al Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba, Sucre y La Guajira, llegó a su fin. De sus “cenizas” emergieron Afinia, bajo el paraguas de Empresas Públicas de Medellín (EPM), y Air-e, de Latin America Corp.
Air-e asumió la operación en 57 municipios, distribuidos en Atlántico, Magdalena y La Guajira, cobijando 1,3 millones de usuarios. La empresa aseguró que inició su gestión con inversiones de $1,2 billones en cuatro años, “respaldadas a través de auditoría forense con fotos, certificados y facturas”.
En esos primeros años, afirmó haber alcanzado el 91% de sus indicadores y mejorar significativamente la calidad del servicio, reduciendo la duración y cantidad de interrupciones por encima de los compromisos regulatorios.
¿Pero cómo fracasó? Air-e ha argumentado que todo empezó durante la pandemia del covid-19. El punto de inflexión fue la “opción tarifaria”, que permitió diferir saldos de la tarifa de energía a los usuarios –principalmente en estratos 1 y 2– y, como bola de nieve, empezó a abrir un boquete cada vez más grande en las finanzas de la compañía.
También tuvo que ver el Pacto por la Justicia Tarifaria del Gobierno Petro, con la idea de bajar el recibo de la luz. Según Air-e, esto le puso techo a las tarifas de las comercializadoras de energía, mientras las de las generadoras subían. Como quien dice, las comercializadoras compraban energía cara, para venderla relativamente barata.
La situación se volvió insostenible el año pasado, en medio de la severa sequía que azotó a Colombia y dejó los embalses en estado crítico. En ese duro contexto, las generadoras tuvieron que elevar el precio del kilovatio en bolsa de $115 a $2.499, y Air-e asegura que sus costos mensuales por generación subieron de $200.000 millones a $500.000 millones, llevándola a consolidar una deuda de $5,3 billones. Por eso, solicitó ser intervenida por el Gobierno, hecho que se materializó el 12 de septiembre de 2024.
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La disputa de Air-e con las generadoras de energía
Air-e ha señalado directamente a las generadoras de energía como responsables de su crisis, acusándolas de “especulación” y de no vender energía anticipadamente, aprovechando un “sistema regulatorio que les permite no ofertar energía, lo que genera escasez y encarecimiento”. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada por expertos y gremios del sector.
Por ejemplo, Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), ha señalando que las deudas de Air-e con los generadores térmicos ascienden a cerca de $900.000 millones en la “postoma” de la empresa por parte del Gobierno, lo que eleva el total de deudas en ese período a $1,4 billones.
Castañeda enfatizó la preocupación de que, en un escenario de liquidación de Air-e, “no se garanticen las deudas de la compañía con el mercado”.
Expuso que “antes de la intervención se decía todos los días que los precios de bolsa y de la generación eran el principal problema. Hoy, con precios de bolsa bajos, el problema sigue creciendo, entonces el lío principal no es la generación”.
Castañeda subrayó, además, que el nivel de exposición a la bolsa de Air-e ha aumentado (superando el 30%) debido a la disminución de contratos no renovados. A su juicio, la solución es “aumentar el nivel de contratación, flexibilizar el tipo de contratos que se pueden usar por parte de la empresa, y permitir el traslado de precios de contratos”; además, “no se trata de culpar, sino de buscar soluciones que mitiguen el riesgo sistémico”.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) también le ha salido al paso a las acusaciones. El año pasado, en medio de la intervención de Air-e, señaló que, si bien existen desafíos en la Costa Caribe, como los saldos acumulados de la Opción Tarifaria, Air-e, a diferencia de Afinia, decidió recuperar “aceleradamente” esos montos.
Lo anterior, según Acolgén, incrementó el cobro a los usuarios en más de $260 por kilovatio hora, lo que explica “porqué a los usuarios en el Atlántico les ha subido la tarifa más del doble que a los usuarios en el interior del país”.
Acolgén también desmintió la afirmación de Air-e sobre una compra masiva de energía en bolsa que la habría llevado a la crisis. Según el gremio, la cantidad máxima que Air-e compró para cumplir con sus mercados fue del 15% en septiembre de 2023.
Y en 2024, “8 de cada 100 kilovatios que vendió a los usuarios los pagó a precio de bolsa, mientras los 92 restantes fueron mediante contratos bilaterales con generadores y comercializadores”. Además, concluyó que las acusaciones de manipulación de precios en bolsa “carecen de fundamento”.
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En una columna de opinión, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, reforzó la idea de que los generadores no son los culpables del punto crítico que se alcanzó. Refiriéndose a la propuesta del presidente Petro de establecer por decreto un máximo de exposición en bolsa del 5% para generadores y comercializadores, Acosta argumentó que si bien esto buscaría estabilidad en el precio, el cargo por generación es solo uno de los componentes de la tarifa de energía y pesa apenas un 39%.
Además, la exposición en bolsa actualmente fluctúa en torno al 15%, por lo que “las variaciones del precio en bolsa a lo sumo impactan en la tarifa en un 5%”.
Intervención de Air-e sin resultados
Ahora bien, la intervención del Gobierno en Air-e, lejos de ser una solución, ha disparado los problemas. Por si fuera poco, las rumoradas “profundas diferencias” entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez, ensombrecen el panorama.
Hace unas semanas, el ministro Palma solicitó a Márquez una propuesta detallada de solución empresarial para Air-e, buscando una “acción coordinada del Estado”, pero la realidad es que no hay certeza de ese “salvavidas”.
El Fondo Empresarial, creado con el propósito de rescatar a Air-e y a otras empresas intervenidas, ha resultado ser un fracaso. Una auditoría financiera de la Contraloría General de la República, citada por el periódico El Heraldo, reveló que, con corte del 31 de diciembre de 2024, los ingresos del Fondo cayeron cerca del 90%, pasando de $1,56 billones en 2023 a $161.000 millones en 2024, lo que representa un déficit de $1,4 billones en un solo año. A esto se suma un incremento del 7,42% en los gastos.
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En el entre tanto, el superintendente Márquez, en un debate político en mayo de este año, confirmó que el Fondo no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones laborales y operativas de las 13 empresas intervenidas, incluida Air-e.
Al respecto, Andeg ha propuesto soluciones como dotar al Fondo Empresarial con garantías y flexibilidad en la regla fiscal, así como acuerdos de pago para mitigar los riesgos de una posible liquidación de Air-e.
Cuentas de Air-e que no cuadran
Las cifras posteriores a la intervención del Gobierno Petro son alarmantes. La Superintendencia de Servicios Públicos recibió a Air-e con una deuda de $940.511 millones por contratos de energía. Sin embargo, este pasivo se llegó a disparar en un 123,12%, alcanzando los $2,09 billones con corte a mayo, según datos analizados por el senador José David Name.
Significa que, desde que el Gobierno tomó las riendas, se acumuló un pasivo adicional de hasta $1,15 billones.
Es de mencionar que, Air-e ha tenido cuatro interventores desde septiembre de 2024: Carlos Diago, Edwin Palma (actual ministro de Minas y Energía), Diana Bustamante y, hoy, Nelson Vásquez.
Recientemente, la Fiscalía General de la Nación realizó una inspección de los movimientos contables y contratos de estos agentes interventores, para una “evaluación integral” de la situación financiera, administrativa, jurídica y operativa de la empresa.
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¿Air-e es una amenaza para el sistema?
De modo que, la situación de Air-e no es solo un problema regional, sino una bomba de tiempo que amenaza con desestabilizar el sistema eléctrico nacional. Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), ha dicho que se deben buscar recursos para el mencionado Fondo Empresarial, “porque si no vamos a tener dolores de cabeza muy grandes”.
Sánchez enfatizó que Air-e, tras más de ocho meses en manos del Gobierno, ha visto “disminuir los recursos suficientes que se requiere hoy para no poner en riesgo el servicio en la Costa”. La preocupación se extiende a Afinia. Si no se abordan los pagos pendientes, el Gobierno “a partir de finales de este año será dueño nuevamente de Air-e y Afinia. Y eso va a ser una vena rota hacia el futuro”.
La gravedad de la situación radica en que, si el Gobierno se ve obligado a asumir la operación de ambas empresas, representaría el 27% de la demanda de energía del país nuevamente en manos estatales, escenario que Sánchez calificó como “uno de los dolores de cabeza más grandes”.
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La crisis de Air-e ha escalado a pasos agigantados hasta convertirse en una amenaza sistémica. Las acusaciones cruzadas entre la empresa y las generadoras, el fracaso del Fondo Empresarial y la ineficacia de la intervención del Gobierno Petro crearon una tormenta perfecta que tiene en vilo al país y hoy está en juego el suministro de energía para millones de colombianos.
Esto debe entender sobre “energía en bolsa”
En Colombia, la “energía en bolsa” es una suerte de mercado mayorista en el que los generadores (empresas que producen la electricidad) venden la energía que no tienen comprometida con contratos a largo plazo. Su precio cambia constantemente, dependiendo de la oferta, es decir, cuánta energía hay disponible (por ejemplo, si llueve mucho y las hidroeléctricas funcionan a tope, o si hay sequía) y la demanda que exista.
Entre tanto, la “exposición a bolsa” se refiere al porcentaje de energía que una empresa comercializadora, como Air-e, compra en este mercado, en lugar de adquirirla mediante contratos estables y de precio fijo con las generadoras. Si una compañía tiene alta exposición a bolsa, significa que es más vulnerable a las fluctuaciones de precios, lo que puede disparar sus costos.
Además, cuando los embalses bajan por sequía, la energía hidráulica disminuye, forzando a recurrir a las costosas térmicas. Esto eleva el precio en la bolsa energética, afectando a comercializadoras.
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