Este año en total han sido detenidas once personas por agredir a agentes del tránsito en Medellín, de las cuales cuatro corresponden a casos ocurridos durante las últimas dos semanas. Estos infractores han tenido que responder por cargos de violencia contra servidor público.
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De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Movilidad del Distrito, el episodio más reciente sucedió este jueves, cuando cuatro agentes de tránsito y una patrullera de la Policía fueron atacados por dos conductores de moto, durante dos operativos de control que realizaban en los barrios Manrique y Aranjuez (sector Trasmayo), así como en el puente de la Asomadera localizado entre Villa Hermosa y Buenos Aires.
En el suceso acontecido en La Asomadera, los uniformados se aprestaban a instalar un puesto de control y dos motociclistas ignoraron la señal de pare. Una de las máquinas chocó contra una moto de la Policía y contra un agente de tránsito.
En ese caso, las autoridades identificaron al conductor, lo capturaron y lo llevaron a un centro asistencial para que le valoraran su condición de salud; luego quedó a disposición de la autoridad competente para que responda por su conducta antisocial.
Entre tanto, a la patrullera lesionada y al agente afectado los remitieron a centros asistenciales para sanar sus lesiones.
El otro hecho ocurrió prácticamente de manera simultánea en el sector de Trasmayo (Manrique), donde una moto evadió un retén e impactó con una moto oficial de tránsito, dejando a tres agentes lesionados.
También en esta ocasión quien conducía la motocicleta que originó el percance fue aprehendido en el lugar y puesto posteriormente a disposición de la Fiscalía.
En las escenas antes mencionadas, hubo inmovilización de las motos, pero además, el automotor implicado en La Asomadera recibió cinco comparendos, mientras que el de Trasmayo fue sancionado con tres comparendos.
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La pena en estos casos puede estar entre los cuatro y los ocho años de cárcel, pero incluso aumenta si existen agravantes como el uso de armas u otros medios violentos que aumenten el riesgo para el servidor público.
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