Donald Trump planea una orden ejecutiva para que su administración revise los casos de quema de banderas en Estados Unidos y evalúe si es posible presentar cargos por otros delitos relacionados.
La medida reabriría un debate que parecía zanjado desde 1989, cuando la Corte Suprema dictaminó que incinerar la bandera es un acto de protesta amparado por la libertad de expresión.
Según reveló el medio estadounidense NewsNation, la medida buscaría que el Departamento de Justicia determine si es posible presentar cargos por delitos como alteración del orden público, conducta desordenada o incluso violaciones ambientales. Dos funcionarios de la administración citados por el medio confirmaron que la estrategia se centraría en aplicar leyes indirectas.
Trump ya había anticipado su intención en junio, cuando declaró que quienes incineraran la bandera estadounidense “deberían ir a la cárcel un año” y agregó: “Veremos si podemos lograrlo”.
El senador estadounidense Josh Hawley dijo en ese entonces estar de acuerdo con Trump. “Cualquiera que queme nuestra bandera cometiendo un delito debería ir a la cárcel, con el doble de pena. Evidentemente, todo Fort Bragg (base militar del Ejército de Estados Unidos) está de acuerdo”, escribió en X.
Un día después, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, condenó los actos que se realizaron durante los disturbios en Los Ángeles en medio de las protestas por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) contra los inmigrantes.
“No solo se dirigieron contra las fuerzas del orden, sino contra la cultura y la sociedad estadounidenses. Los alborotadores quemaron banderas estadounidenses, corearon “¡Muerte al ICE!” y pintaron con aerosol consignas antiamericanas en edificios. Pero el presidente Trump jamás permitirá que la turba prevalezca en Estados Unidos. El deber más fundamental del gobierno es preservar la ley y el orden, y la administración Trump asume esa sagrada responsabilidad”, había dicho la portavoz.
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En Estados Unidos, quemar la bandera es un acto de protesta protegido por la libertad de expresión desde 1989.
En ese entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que quemar la bandera estadounidense constituye una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.
El caso surgió porque Gregory Lee Johnson, un manifestante en Dallas durante la Convención Nacional Republicana de 1984, quemó una bandera como protesta política contra las políticas del entonces presidente Ronald Reagan. Fue arrestado y condenado bajo una ley de Texas que prohibía la profanación de símbolos venerados.
La Corte concluyó que aunque el acto era ofensivo para muchos, el gobierno no podía prohibirlo.
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