La eventual liquidación de EPS en Colombia abre dudas sobre la continuidad del servicio y el empleo en varias regiones, ¿qué está en juego, según algunos sindicatos?
Diferentes sindicatos de la salud se pronunciaron con respecto a la propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS “en quiebra”. El comunicado incluye a trabajadores de sindicatos de Emssanar, Asmet Salud y Famisanar.
Entre estas entidades agrupan más de 6.100 trabajadores y seis millones de afiliados: Emmsanar con 1,68 millones, Asmet Salud con 1,58 y Famisanar con casi 2,6. Se trata de pacientes distribuidos en 15 departamentos del suroccidente del país, el Eje Cafetero, la Amazonía, el Caribe y el centro del país: “esta es la verdadera dimensión de lo que hoy está en juego”, dice el comunicado.
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Para los sindicatos no son solo las cifras, sino que detrás de ellas hay territorios donde “en muchos casos, no existe una alternativa inmediata de atención”. Y muestran preocupación con “trasladar a seis millones de personas sin un plan técnico, serio y previamente constituido”, ya que esto “no soluciona de raíz las dificultades señaladas, al contrario, agudiza las situaciones que se vienen presentando en el sistema de salud”.
Las organizaciones sindicales añaden la preocupación sobre la situación laboral a la que se enfrentarían sus trabajadores ante una liquidación: “hombres y mujeres que sostienen hogares, muchos de ellos como cabeza de familia, en los que conviven adultos mayores, niños y personas con discapacidad que dependen de ese ingreso para vivir con dignidad”.
También mencionan que, dentro de la política del Gobierno, “se ha promovido como eslogan el trabajo digno y decente”, así que cuestionan cuáles son las alternativas que este tiene para “garantizar las condiciones laborales de los trabajadores que con decisiones apresuradas del Gobierno terminarían afectados”.
A esto se suma que en muchas de las regiones donde operan las EPS hay altas tasas de desempleo: “Acceder a uno de ellos (empleos) de manera formal en el sector implica años de esfuerzo, y perderlo puede marcar el futuro de una familia durante décadas”.
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Las organizaciones insisten en que la liquidación “no es la única salida” ya que “estas entidades pueden ser financieramente viables”. Y señalan que el Gobierno no ha agotado las alternativas: “el pago de la cartera, la apertura de procesos serios de capitalización y la exploración de acuerdos de reestructuración financiera son herramientas existentes, disponibles y aún no agotadas. Mientras no se hayan explorado de manera real, cualquier decisión de liquidación resulta prematura y sus efectos, irreversibles”.
Los sindicatos cierran con diferentes exigencias: primero, que el Gobierno agote estas alternativas con “verdadera voluntad” antes de emitir otro acto administrativo. De esta manera, que “garantice la continuidad en la atención de casi seis millones de afiliados mediante un plan territorial definido”.
Luego, invitan a sus trabajadores a mantenerse informados, participar y “levantar su voz de manera responsable, pacífica y democrática en defensa de su trabajo, de sus familias y del derecho a la salud de las comunidades que atendemos cada día”.
Y subrayan que tanto sus empleados como las personas que atienden “no pueden quedar abandonados a su suerte”. A su vez, que las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional “no pueden desconocer la realidad de los territorios ni el derecho de miles de trabajadores a mantener condiciones laborales dignas”.
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