La situación de orden público en el departamento del Chocó ha levantado las alarmas en las últimas horas. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba lanzó una alerta sobre el inicio de nuevas acciones criminales por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantienen en vilo a varias comunidades rurales y centros urbanos de la región.
“Se presenta confinamiento ilegal a 6.047 personas debido al anuncio de constreñimiento armado indefinido por parte del ELN”, aseguró la mandataria local a la FM.
De acuerdo con Córdoba, desde ayer se oficializó una restricción a la movilidad que afecta específicamente el desplazamiento en varios ríos de la zona.
“Desde las 00:00 hrs del día de hoy (martes), ha comenzado un nuevo constreñimiento ilegal anunciado por el ELN en el municipio de Bajo Baudó, específicamente en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa”, denunció la gobernadora a través de sus canales oficiales.
Vale recordar que este tipo de acciones, los cuales el grupo armado denomina “paros armados”, impiden el tránsito de alimentos, medicinas y misiones humanitarias, dejando a cientos de familias en situación de incomunicación.
Ataques con drones: una nueva amenaza
Por otro lado, la gobernadora también detalló una preocupante escalada en los métodos de ataque utilizados por el grupo armado. En su mensaje, detalló que en el municipio de Río Iró, la estación de Policía de la cabecera municipal fue blanco de artefactos explosivos lanzados por drones.
“Durante el día de ayer (lunes) este mismo grupo atacó la estación de policía de Santa Rita, cabecera municipal del municipio de Rio Iró, mediante granadas transportadas por drones”, reveló la funcionaria.
Córdoba enfatizó que esta modalidad de ataque no es un hecho aislado, sino una estrategia que se está repitiendo: “Este es el tercer ataque consecutivo que sufre este municipio, y se suma a otros casos como el del municipio de San José de Palmar”.
Ante la complejidad del panorama, las autoridades departamentales convocaron a una reunión de emergencia para coordinar la respuesta de la Fuerza Pública y la protección de todos los habitantes de las zonas afectadas.
“En este momento instalamos consejo de seguridad, con presencia de todas las fuerzas y el ministerio público, para abordar este complejo panorama en el orden público departamental”, escribió Córdoba.
Además, advirtió que la situación de la población civil sigue siendo crítica: “La población civil no ha salido de los ríos, se encuentra confinada en estos tres ríos”. En ese contexto, solicitó un refuerzo de la presencia militar en la zona y ordenó la activación del comité de Justicia Transicional. Lo anterior, justamente, con el fin de evaluar posibles afectaciones a los derechos humanos y agilizar la entrega de ayuda humanitaria.
Desde 2023, según la Defensoría del Pueblo, el Chocó es uno de los departamentos del noroccidente colombiano que presenta los mayores registros de casos de confinamiento por cuenta de amenazas y enfrentamientos entre bandas armadas.
El registro oficial de las autoridades, por ejemplo, evidencia el control territorial de grupos como el ELN y el Clan del Golfo. Hasta el momento, continúan las labores orientadas a construir estrategias para recuperar el orden público en la zona.
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