Ante la Corte Suprema de Justicia llegó una denuncia contra la senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) por su presunta responsabilidad en los delitos de obstrucción a la función pública y tráfico de influencias. Lo anterior, por cuenta de su supuesta intervención para frenar la captura de uno de los capos de la banda criminal La Terraza.
Se trata de Juan Pablo Taborda Zamora, alias Yordi, que –reseña la denuncia– fue detenido el pasado 9 de junio junto a otros presuntos delincuentes tras una investigación que se extendió durante más de 10 meses.
Sin embargo, en medio de la controversia por el ‘tarimazo’ protagonizado por el presidente Gustavo Petro y voceros de las bandas de crimen organizado en Medellín, el alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, denunció que personas designadas por el Gobierno Nacional en la mesa de paz de la cárcel de Itagüí, entre ellas Zuleta, “intercedieron ante altos mandos de la Policía para evitar la captura de alias Yordi”.
En la denuncia se advierte que, según lo dicho por el alcalde Gutiérrez, la senadora Zuleta habría justificado su actuación afirmando que la captura de Yordi “acabaría con el proceso de paz y la Mesa de Itagüí, dejando entrever un interés por obstruir la acción legítima de la Fuerza Pública y el curso normal de una investigación penal”.
Se reclama además que, al final, alias Yordi fue dejado en libertad por un juez de control de garantías “ante la supuesta insuficiencia de elementos aportados por la Fiscalía, lo cual generó aún más cuestionamientos sobre la posible injerencia indebida”.
Por último, en la denuncia se recuerda que, si bien Zuleta ha sostenido reuniones con la Policía y participa como enlace en la Mesa de Paz, ha negado haber solicitado frenar capturas. “No obstante, no ha desmentido de forma clara ni categórica haber emitido la solicitud concreta de frenar la aprehensión de alias Yordi”.
Ante la denuncia, la congresista lo calificó como un “castigo por demostrar que es posible y necesaria la Paz Urbana”.
“La disputa narrativa concentrada en las formas, continuará, para ellos la prioridad será ‘el evento’ que es igual a ‘el momento’ por encima del resultado: salvar vidas. No conocen propósitos superiores, desconocen los fines del Estado, acá estamos para recordárselos”, señaló.
En paralelo, este martes se conoció una nueva queja disciplinaria en contra de Zuleta por cuenta del controvertido acto público realizado el pasado sábado 21 de junio en La Alpujarra, en el que participaron los voceros de las estructuras armadas del Valle de Aburrá.
El nuevo recurso fue formulado por el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, quien le pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar si la parlamentaria se habría extralimitado en sus funciones y habría incurrido en alguna falta disciplinaria.
En su recurso, el corporado arrancó recordando que en dicho acto público, encabezado por el presidente Gustavo Petro, no solo participaron voceros de esas estructuras, sino personas que están cumpliendo una pena en centro carcelario tras ser encontrados culpables de delitos graves.
“Estos individuos, conforme a los registros institucionales, se encuentran condenados por delitos de grave connotación social, tales como homicidio, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y otros comportamientos delictivos que afectan gravemente la seguridad ciudadana y el orden público”, formuló el concejal.