“Ayúdeme a sacar a ‘Epa’, que no viva en una celda”, fue el pedido directo que el presidente Gustavo Petro le hizo en televisión nacional al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. La tarea fue asignada horas después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de cinco años de prisión a la reconocida empresaria e influencer Daneidy Barrera Rojas por cometer actos vandálicos en una estación de Transmilenio.
Aunque el Ministerio de Justicia no tiene competencia directa en decisiones judiciales, como ya lo había señalado la anterior ministra, los antecedentes de Montealegre dejan abierta la posibilidad de que intente influir más allá de sus competencias.
Eduardo Montealegre es un exfiscal general de la Nación, con posiciones jurídicas polémicas y un historial que incluye interpretaciones expansivas de la ley. Este pasado alimenta especulaciones sobre si podría buscar mecanismos legales indirectos, como indultos, revisiones extraordinarias o traslados administrativos, para atender el pedido del presidente.
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“¿Cómo así, que no se puede?, pero ese señor que mató a una niña, lo condenaron, sí, pero está en una celda de oro. No sé cuál es la justicia, y creo que echaron más años a Epa que a un poco de ladrones por ahí que ha cogido, ¿cierto? Les echan menos. ¿Qué es eso? ¿Machismo judicial también? Varios de Odebrecht no los cogieron ni presos. Los criminales de Odebrecht están libres. Señor fiscal, usted sabe qué hay que hacer”, dijo Petro dirigiéndose a Eduardo Montealegre.
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Sin embargo, según expertos, no existe ninguna figura jurídica que permita liberar a Barrera bajo las condiciones actuales, sin que medie una actuación judicial debidamente sustentada o una reforma normativa de carácter general, y no personalizada.
Esta no es la primera vez que Petro apela por la libertad de la mujer. Meses atrás lo hizo y en ese momento la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dejó claro que el Ministerio no puede hacer nada al respecto, precisamente porque se trata de una decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal. La pena está en firme y la vía judicial se agotó.
En este caso, que ha sido ampliamente debatido, el abogado Francisco Bernate, defensor de Daneidy Barrera, ha interpuesto múltiples recursos en busca de su liberación, aunque hasta ahora sin mayor éxito.
Ahora, el defensor solicitará a la Corte Constitucional la revisión de la tutela que fue rechazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se pedía anular la condena por delitos relacionados con actos vandálicos durante las protestas de 2019.
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El defensor explicó que el recurso de amparo había sido presentado contra el fallo que la condenó por instigación a delinquir con fines terroristas, y que ya había sido rechazado anteriormente por la Sala Civil del mismo tribunal.
“Esta es una decisión en la que efectivamente se despacha de manera desfavorable una apelación que se interpuso por esta defensa respecto de una negativa de una tutela”, indicó Bernate al confirmar el resultado del proceso ante la Sala Laboral.
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