El abogado Víctor Mosquera Marín, en representación de la familia del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, criticó la Ley de Infancia y Adolescencia al considerar que incentiva el uso de menores en actividades criminales, tras conocerse la sanción de siete años de privación de la libertad impuesta al joven de 15 años que disparó contra el líder político.
A través de su cuenta de X, Mosquera Marín expresó el sentir de la familia Uribe Turbay frente a la decisión judicial y advirtió sobre las implicaciones de la normativa actual para menores de edad en el país.
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“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”, declaró el jurista.
El abogado concluyó que la legislación vigente envía un mensaje equivocado a las organizaciones delictivas. “Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, puntualizó.
Por otro lado, desde el corazón del partido Centro Democrático también cuestionaron la decisión judicial tomada contra el joven de 15 años. Para Gabriel Vallejo, director todo el equipo político, esta condena fue calificada como una “vergüenza” que “revictimiza”.
La reacción del apoderado se produjo después de que un juez especializado en infancia y adolescencia sancionó con siete años de privación de la libertad en un centro de reclusión especial al menor de 15 años, identificado con el alias de ‘Tianz’.
El joven fue juzgado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, cargos que aceptó tras negociar con la Fiscalía General de la Nación y entregar información clave que permitió desarticular la estructura criminal detrás del atentado.
Por razones de seguridad, el menor permanecerá de momento en el búnker del ente acusador bajo estrictos cuidados a cargo de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que deberá asumir su custodia en los próximos meses para el cumplimiento de la sanción, orientada a su resocialización.
El atentado y la red criminal que estremeció al país
El crimen ocurrió sobre las 5 de la tarde del sábado 7 de junio en el parque El Golfito, del barrio Modelia en Bogotá, donde Uribe Turbay participaba en un evento político. En medio de la multitud, el menor le disparó con una pistola Glock 9 milímetros.
Aunque el menor intentó huir en una motocicleta que lo esperaba a pocas cuadras, el esquema de seguridad del precandidato logró neutralizarlo y aprehenderlo.
Las investigaciones revelaron que el adolescente no actuó solo. Formaba parte de una red coordinada por Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, quien lo contactó y le ofreció $20 millones, dinero que finalmente no recibió.
Según la Fiscalía, Arteaga Hernández confesó que a su vez fue estafado, pues le prometieron $1.000 millones por planear el magnicidio, pero solo le entregaron $25 millones. También admitió que buscó deliberadamente a un menor de entre 14 y 15 años para que el crimen no fuera juzgado bajo la ley de adultos.
Con la información del menor y las pesquisas del CTI, las autoridades capturaron a otros cinco implicados:
Comenzando con Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, presunto coordinador logístico; Katerine Martínez, alias “Gabriela”, quien habría entregado el arma al menor; Cristian Camilo González Ardila, conductor de la motocicleta destinada a la fuga y que se entregó el pasado 21 de julio; William González Cruz, alias “El Viejo”; y Carlos Eduardo Mora, alias “El Veneco”.
Tras la muerte del senador Uribe, la Fiscalía recalificó el caso de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado consumado para los cinco adultos implicados. Según el artículo 104 del Código Penal, este delito se sanciona con 33 a 50 años de prisión.
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