Este jueves se conoció que la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del Memorando de Entendimiento que suscribieron Colombia y Venezuela en julio de este año y que estableció un acuerdo entre ambas naciones “para crear la Zona de Paz, Unión y Desarrollo”.
Detrás del recurso se encuentran las senadoras Paola Holguín y Paloma Valencia, del Centro Democrático, quienes –por separado–, presentaron demandas alegando que el memorando suscrito por los gobiernos de ambos países constituye un tratado internacional y, por tanto, debía ser sometido a la aprobación del Congreso de la República, conforme a lo dispuesto en la Constitución.
El magistrado sustanciador del proceso es Jorge Enrique Ibáñez, el mismo que impulsa una ponencia en ese alto tribunal para tumbar la reforma pensional, uno de los proyectos del corazón del Gobierno de Gustavo Petro.
Luego de la aceptación de la demanda, la senadora Paola Holguín reaccionó por medio de su perfil en X, asegurando que le pide a la Corte que deje sin “efectos jurídicos” al Memorando de Entendimiento, “por desconocer las competencias del Congreso de la República en la aprobación de este tipo de instrumentos internacionales”.
¿Qué establece el Memorando?
El Memorando firmado el 18 de julio por Diana Marcela Morales, la ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), en nombre del Gobierno colombiano, busca “avanzar en un trabajo conjunto para impulsar la diversificación productiva, generar valor agregado y fomentar un desarrollo económico inclusivo y sostenible”, según afirmó la ministra en su momento.
Por el lado del Gobierno venezolano, el Memorando de Entendimiento fue firmado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El acuerdo, contempla la instalación de esta zona binacional en los estados venezolanos de Táchira y del Zulia, y en el departamento colombiano de Norte de Santander, aunque los límites definitivos de esta franja aún están por definirse.
Este acuerdo ha despertado muchas críticas entre diferentes frentes políticos colombianos. Sin embargo, ahora está en manos de la Corte Constitucional la decisión que arroje la lectura de la demanda formulada por ambas candidatas a la Presidencia.
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