La Contraloría alertó sobre la baja ejecución presupuestal de FonIgualdad durante la vigencia del 2024. Según el ente de control, si bien se destinaron $1,9 billones por parte del Ministerio, solo se establecieron compromisos en contratos del 25 %, se obligaron recursos por el 13 % y los pagos efectivos alcanzaron apenas el 3,08 % del total que se asignó.
En el informe, se reveló también que 12 de los 25 programas previstos para ese año no tuvieron ejecución.
“El órgano de control identificó la baja ejecución presupuestal de la entidad, pues se determinó que, aunque el Fondo recibió un total de $1,9 billones por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad para su correcto funcionamiento, se establecieron compromisos en contratos por el 25 % del valor apropiado; se obligaron recursos por el 13 % y se realizaron pagos por el 3,08 % del valor total destinado para el funcionamiento de la entidad”, se lee en el comunicado de la entidad.
Por su parte, FonIgualdad explicó que, como patrimonio autónomo constituido mediante un contrato de fiducia mercantil, “no le aplica el principio de anualidad”, razón por la cual recursos asignados en 2023 se ejecutaron durante 2024.
En ese contexto, la Contraloría detalló que el Ministerio de Igualdad trasladó en diciembre de 2023 $469.047 millones al fondo, de los cuales se ejecutó solo el 25,30 %, equivalentes a $118.652 millones, durante la vigencia auditada.
En cuanto a los gastos de funcionamiento, la Contraloría indicó que FonIgualdad reportó una ejecución del 98 %, con compromisos por $13.040 millones. Sin embargo, en gastos de inversión se evidenció nuevamente que más de la mitad de los programas no se ejecutaron.
Justamente, este Ministerio durante los últimos meses ha enfrentado diferentes críticas debido a que se han dado a conocer diferentes fallas en su porcentaje de ejecución.
La entidad de control estipuló que, al evaluar la actividad presupuestal de 2024, la entidad “no realizó una adecuada gestión”, al destinar recursos solo para el 25 % de los programas dirigidos a superar las brechas poblacionales, lo que impactó directamente a mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas y campesinas, entre otros grupos beneficiarios.
Adicionalmente, la Contraloría identificó deficiencias de planeación en el convenio del programa Jóvenes en Paz, suscrito con la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTP) por $175.311 millones, al evidenciarse una baja ejecución del objeto contractual.
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