Al gobierno de Gustavo Petro se le han recolectado los escándalos como bolas de penique en su propio talego roto. De todos, ya no halla cuál sacar para ponerlo a competir. Pero estos no son los únicos problemas que afronta el mandatario en Casa de Nariño.
En los pasillos de las oficinas de varios ministerios existe preocupación sobre la manera en que se ha gestionado administrativamente cada despacho, lo que se ve en el desorden con la información que debería ser de libre acceso.
EL COLOMBIANO encontró cifras desactualizadas, bajos niveles de ejecución presupuestal, retrasos en el pago a contratistas y dificultades en el acceso a la información pública.
Un gobierno, cualquiera que sea, no se puede dar ese lujo porque más bien se creería que algo están ocultando o que su gestión obedece a falta de liderazgo. Es tan importante este asunto, que de eso dependen muchas decisiones de política pública sobre los programas o proyectos del autodenominado “Gobierno del Cambio”.
Durante este mes, se ha estado mirando con lupa la ejecución que llevan hasta el momento diferentes carteras ministeriales. Por ejemplo, en vísperas decembrinas, salen a relucir denuncias de la falta de cumplimiento en el Ministerio de Igualdad.
El pasado 11 de diciembre, justamente de este tema, la congresista Catherine Juvinao cuestionó al ministro Juan Fernando Florián sobre el porcentaje de ejecución que lleva hasta el momento el Ministerio.
Aseguró que el ministro Florián ha “mentido públicamente hablando de un 46% de ejecución cuando realmente van en 7%”. También, aseguró que le radicó una queja disciplinaria al Ministro ante la Procuraduría por “dos faltas graves como servidor público”, luego de que encontrara que este ha entregado información falsa sobre su cartera.
Y es que justamente, según datos del portal de transparencia que compartió Juvinao, a corte de noviembre de este año la ejecución real de la cartera es apenas del 7%.
“¿Por qué Florián presenta estas cifras infladas? Porque él cree que nosotros somos brutos y bobos y no entendemos la diferencia entre recursos comprometidos y recursos ejecutados, que no es lo mismo”, remató Juvinao.
La polémica en el Fondo de Adaptación
A causa del rifirrafe que se llevó a cabo la semana pasada entre Angie Rodríguez, directora del Dapre, y Carlos Carrillo, director actual de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pero que antes estuvo en el Fondo de Adaptación, entidad de la cual habría salido en medio de una controversia por presuntas irregularidades contractuales, los datos que se revelaron en ese momento quedaron en un segundo plano.
Rodríguez, antes de que el escándalo estallara, dio a conocer que durante la gestión de Carrillo se presentaron bajos niveles de ejecución en esta entidad.
Uno de ellos es el proyecto de inversión para soluciones estructurales en La Mojana, clave para 11 municipios y más de 405.000 habitantes que, según denunció la directora del Dapre, registra un atraso significativo, con apenas un 3% de ejecución hasta el momento.
Además, también denunció que “La Ruta del Arroz”, adjudicada durante la gerencia de Carrillo, hasta el momento registra un avance físico de apenas 27%, sin soportes publicados en el Secop y con una ejecución financiera del 0%.
Gracias a estas denuncias, el 15 de diciembre la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación contra funcionarios del Fondo Adaptación, ante estas presuntas irregularidades en varios contratos que registran una ejecución presupuestal mínima.
“Opacidad es amiga de la corrupción”
Por otro lado, esta falta de veracidad y muestra de la gestión de las cifras de cumplimiento en diferentes entidades y despachos del Gobierno Nacional hacen que se genere suspicacia sobre el manejo que están teniendo actualmente estas dependencias.
Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia y analista político, advierte que la falta de transparencia sigue siendo uno de los principales factores que favorecen la corrupción.
“La opacidad es la mejor amiga de la corrupción. Cuando los datos no están disponibles para el público, no son de fácil acceso, no se mantienen actualizados ni a disposición de la ciudadanía, se genera un riesgo evidente de opacidad que facilita hechos de corrupción y, además, se incumple de manera flagrante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, señaló.
En ese sentido, datos como las cifras de ejecución de los ministerios, las plantas de personal, los contratos, las inversiones y el cumplimiento de metas “no son información reservada y, por lo tanto, deberían ser públicas y actualizarse de forma constante”.
Y cuestionó la gestión del Gobierno en este ámbito. “Resulta desafortunado que el Gobierno no esté poniendo el empeño necesario para materializar este principio y que, por el contrario, se muestre cada vez más renuente a entregar información”, señaló.
También, añadió que “no es un dato menor que el número de tutelas por negación de información haya aumentado de forma significativa”, lo que, según indicó, es evidencia una menor disposición oficial para entregar información pública y obliga a los ciudadanos a recurrir a acciones judiciales para hacer valer sus derechos.
¿Qué responde el Gobierno?
Ante estos cuestionamientos, EL COLOMBIANO se comunicó Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia y actual ministro encargado de Justicia, para conocer su versión.
El ministro aseguró que la “entidad que no cumpla, la Procuraduría debe investigar. Parte de las medidas tomadas para mitigar esas situaciones es que creamos el decreto 1600 la estrategia nacional de lucha contra la corrupción”.
Además, el ministro compartió los datos que se alcanzaron en el Portal Anticorrupción PACO, en el que se registra que durante el 2025 hubo “un total de 1.668.561 visitas, en las que la ciudadanía consultó contenidos y recursos para el ejercicio del control social”.
Pero, justamente es este portal se evidencia la desactualización de cifras. Tan solo es necesario ingresar a la página web y se abre una infografía en la que se muestra un “informe de sanciones penales y disciplinarias” que data del 2024. Sin embargo, de este año aún no hay registro. Esto, a tan solo una semana de que finalice el 2025. Además, en ese mismo portal, en la sección de “mapa de noticias de corrupción”, los últimos datos registrados datan del 2023.
La importancia de la actualización de los portales
Sobre este tema, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, recordó el porqué es importante que un gobierno tenga actualizadas sus bases de datos, páginas web y su información abierta, que también toma importancia al tratarse de un aspecto fundamentado bajo la normativa legal de Colombia.
“La importancia de este tema radica por lo menos en dos elementos. En primer lugar, porque es un mandato constitucional y legal. Existe la ley 1712-2014, una ley estatutaria que desarrolla derechos establecidos en la Constitución y desde entonces es muy claro que el acceso a información pública es un derecho fundamental”, señaló Hernández.
En cuanto a las plataformas digitales, destacó el papel que cumplen en la garantía de este derecho. “En la actualidad, el instrumento por excelencia para que esta información pueda ser entregada son las plataformas web”, afirmó. Y añadió: “No es algo accesorio que estos portales tengan información oportuna, clara, veraz, utilizable y abierta; se han convertido en un instrumento que ayuda a garantizar ese derecho fundamental de acceso a la información y uso de información pública”.
Demoras en pagos a contratistas
A las fallas en la actualización en las cifras de entidades del Estado, se suman denuncias sobre demoras en los pagos a contratistas en diferentes carteras que se dieron a conocer la semana pasada.
Justamente, en la mañana del pasado 18 de diciembre se filtró un correo interno que envió el Ministerio de Hacienda a sus empleados. En el texto se habla que los pagos correspondientes a las cuentas de cobro de los contratistas del mes de noviembre se realizarán con cargo al presupuesto de diciembre, mientras que las obligaciones de diciembre serán canceladas en enero.
Específicamente, en el documento se lee que “las prestaciones de servicios (...) que queden pendientes de la vigencia 2025, se pagarán en enero, una vez se realice por parte de su entidad, las gestiones correspondientes en el sistema de información Financiera SIIF Nación”.
Ante esto, el Ministerio de Hacienda se defendió asegurando que la información difundida en medios de comunicación era malinterpretada e imprecisa. “Todo se reduce a que los pagos a contratistas se girarán mes vencido, como ocurre en la mayoría de los casos previo al paso de las cuentas de cobro”.
Esto atrajo también opiniones políticas que no se hicieron esperar. La exalcaldesa de Bogotá y actual precandidata presidencial Claudia López, a través de su cuenta en X (antes Twitter) interpeló al presidente Gustavo Petro asegurando que “con la corrupción disparada, la plata nunca va a alcanzar. Pero ¿dejar a los más de 63.000 contratistas del Estado, y sus familias, sin su pago en diciembre? ¡Eso es ser miserable!”.
A ello, el mandatario colombiano le respondió que “no alcanzan los recursos nacionales para contratistas, exalcaldesa, porque pagamos tu metro elevado y porque tu esposa saboteó la ley de financiamiento”.
Sin embargo, Claudia López le contestó nuevamente al presidente Gustavo Petro y escribió un mensaje asegurando que “en su gobierno gastan, roban y se endeudan como si no hubiera mañana. Por eso dejan sin sueldo y Navidad a más de 63.0000 contratistas y sus familias. Y tienen la cara de pretender subir impuestos para seguir la robadera y endeudamiento”.
Lea también: Caja del Gobierno Petro en rojo: la Nación se queda sin plata al cierre del año, pero hay $25 billones sin ejecutar
Regístrate al newsletter