La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que condena enérgicamente las amenazas dirigidas contra funcionarios de la Personería de Bogotá y agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Estas intimidaciones habrían sido generadas desde los centros penitenciarios La Picota y La Modelo, según información preliminar.
Las amenazas surgieron en el contexto del ejercicio de funciones de vigilancia, inspección y defensa de derechos humanos dentro de las cárceles.
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La entidad advirtió que ninguna forma de violencia puede ser considerada un medio válido para exigir derechos o presionar decisiones administrativas o judiciales.
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