A menos de diez días de que el juez de conocimiento emita el fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos, 38 exmagistrados y juristas concluyeron que el caso representa un “burdo montaje” sustentado en testigos falsos y sin pruebas, y señalaron a la Fiscalía General de la Nación de cohonestar una estrategia de descrédito contra el exmandatario.
En una carta conocida este 20 de julio, los firmantes sostuvieron que el proceso judicial fue un ejemplo paradigmático de lawfare, es decir, el uso del sistema de justicia con fines políticos, que —según su análisis— ha ganado terreno en Colombia y representa “el mayor desafío para la justicia del país”.
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Según el documento, el caso iniciado hace siete años por los delitos de soborno y fraude procesal contra Uribe no cuenta con pruebas sólidas. Los juristas afirmaron que las acusaciones se basan en testimonios de “testigos mendaces y contradictorios”, entre los que mencionaron a Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, de quienes recordaron sus antecedentes penales.
Además, indicaron que durante el proceso se presentaron irregularidades que afectaron las garantías procesales del exmandatario. Mencionaron una interceptación telefónica ilegal en 2018, la inclusión en el expediente de conversaciones entre Uribe y sus abogados, y la filtración de información judicial a medios de comunicación para influir en la opinión pública.
“Se filtró información procesal con reserva legal a los medios de comunicación, con el propósito de promover ante la opinión pública una percepción de culpabilidad del expresidente Uribe”, señala la carta. Añadieron que estas prácticas vulneraron el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
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Los firmantes consideraron que el proceso buscó “enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política y reducir su ascendencia ante los más amplios sectores de la opinión pública”. En ese sentido, señalaron que el caso fue impulsado por “una Fiscalía militante” que actuó con sesgo político.
También afirmaron que el seguimiento del juicio, transmitido en vivo por medios de comunicación, permite concluir que se trató de un proceso sin sustento probatorio, promovido por adversarios políticos del exmandatario. “Fue una campaña de descrédito urdida por los detractores políticos del expresidente”, indicaron.
En la carta, los juristas alertaron sobre el uso político del derecho penal en el país, que —advirtieron— puede deteriorar la independencia judicial y el sistema democrático. “El lawfare se refiere al uso de instrumentos legales para perseguir, deslegitimar o silenciar a adversarios políticos”, escribieron.
Explicaron que esta práctica puede manifestarse en aperturas de procesos infundados, campañas judiciales en medios, prejuzgamientos, y filtraciones selectivas de información. “Es la judicialización de la política y la politización de la justicia”, concluyeron.
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