Varios proyectos han sido radicados en la Asamblea Departamental buscando el visto bueno para el uso de recursos de vigencias futuras durante el año en curso; de hecho han autorizado varios de ellos; pero el que ahora suscita polémica es el número 29, que pide esa autorización para emplear los fondos que se recauden por cuenta de la Tasa Especial de Seguridad.
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El texto lo radicaron el 25 de junio y ya fue aprobado en la comisión de presupuesto, donde pasó por ocho votos, con la oposición de Luis Peláez, quien fue elegido por el movimiento Dignidad & Compromiso. Ahora, le queda el examen definitivo en plenaria —segundo debate— donde igualmente existen muchas posibilidades de que pase teniendo en cuenta que hay una coalición mayoritaria de 19 de los 26 diputados, que apoya a la administración del gobernador Andrés Julián Rendón, más 5 de Creemos que son intermitentes.
La Tasa Especial de Seguridad fue establecida por la Ordenanza 50 de 2025 y se trata de un cobro para los estratos 4, 5 y 6, lo mismo que para el sector industrial y comercial, con el fin de financiar proyectos y programas de seguridad y convivencia.
Tiene una vigencia limitada, hasta diciembre de 2027, la Gobernación estima que recaudará cerca de un billón de pesos. Ahora, el proyecto que busca la autorización para las vigencias futuras de 2026, es decir dinero que auguran recoger el año próximo, se presentó por un monto de $176.131 millones, que según indica el mismo documento, equivaldría al 15% del recaudo esperado.
En este caso, los cuestionamientos del diputado Peláez son varios: por un lado, el hecho de que la Gobernación pretenda gastar plata cuyo ingreso, según él, es incierto, toda vez que la Tasa de Seguridad apenas está empezando a cobrarse —hace poco enviaron la primera factura—, pero además por las cinco demandas de legalidad que hay instauradas, una de las cuales corresponde al propio diputado de Dignidad & Compromiso. “Si la gente termina no pagando o si el Tribunal tumba ese impuesto, ¿qué hacemos? Porque los contratos los van a firmar y va a ser entonces una deuda contra el presupuesto con un posible detrimento patrimonial. Eso es lo que está arriesgando el Gobernador”, dice Peláez.
Un derecho de petición que le envió Peláez el 10 de julio a la secretaria de Hacienda, Ofelia Elcy Velásquez, busca que den el dato del recaudo efectivo a la fecha, lo mismo que la información sobre los municipios donde se mejorarán y construirán nuevos escenarios deportivos y recreativos. Pero además, el diputado aduce que esta plata le resulta esencial al gobernador para mostrar realizaciones y otorgar contratos antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías, en octubre de este año.
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Por su parte, la secretaria Velásquez defendió la necesidad de contar este año con esos recursos, pues se gastarán en proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo, pero que no habían sido incluidos para 2025 porque la Tasa de Seguridad solo se aprobó en diciembre de 2024, cuando ya estaba el presupuesto del presente año. Explicó que si no se alcanza el recaudo previsto, con los contratos que se suscriban con cargo a las vigencias futuras se haría sustitución de la fuente tomándolos de otro fondo, pues no se ha considerado suscribir deuda.
La secretaría de Seguridad y Convivencia le confirmó a EL COLOMBIANO que por la Tasa Especial han entrado más de $31.000 millones, que corresponden al 50% del valor facturado. Igualmente, en un cuestionario que contestó por escrito, detalló que los recursos de vigencias futuras irán a recuperación del espacio público, específicamente escenarios deportivos, para la prevención del delito, con obras de ornato, aseo e iluminación, entre otros. El fin es “favorecer la percepción de seguridad y la prevención del delito, para el disfrute de la ciudadanía”.
La ejecución, apuntaron, se hará mediante contratos con 108 municipios, que serán los encargados directos de las intervenciones. Esta modalidad es criticada por Peláez pues permite contratar con particulares de manera directa.
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