En una rueda de prensa del 24 de junio, la fiscal dijo que “ya se había formulado la imputación” en contra del gobernador, pero este último insiste que a la fecha no le ha llegado ninguna citación y que Camargo estaría involucrada en una persecución para perjudicarlo.
“(...) Efectivamente una fiscalía creo usted se refiere a esa investigación, que es una investigación que adelanta una fiscal Delegada ante la corte por Delegación mía, en la cual se formuló imputación, ya se formuló imputación...y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”, dijo la fiscal al ser interrogada por el tema, aunque a los pocos minutos negó tal imputación- afirmando que el caso está en etapa de indagación-.
Dichas afirmaciones hicieron que Rendón presentara formalmente una recusación en contra de la fiscal, porque ve en ella una falta de imparcialidad, prejuzgamiento y una persecución política por ser contradictor del gobierno de Gustavo Petro. El gobernador manifestó a El Tiempo que Camargo está siguiendo una instrucción de judicializar con muchísima celeridad “mi situación en un proceso claramente donde no se ha perdido un peso”, ya que la construcción de los CAI se hicieron con “todos los requisitos de ley”.
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También, que su labor cuando era alcalde de Rionegro estaba enfocada en garantizar los medios necesarios y la infraestructura que requería la fuerza pública, pero “las disposiciones administrativas propias de una entidad como la Policía les corresponde a ellos: ponerlos a funcionar, dotarlos de las unidades que se requerían para dar la atención”.
Este proyecto parecía no tener consecuencias en su labor como alcalde, pero en campaña electoral para la Gobernación, Rendón se entera de unos procesos “fiscales y penales andando por cuenta de esas dos situaciones. Y en plena campaña buscan judicializarme con este caso, se me cita más o menos en septiembre, finalizando septiembre del 2023, con una audiencia de imputación, con supuestamente una medida de aseguramiento”, según afirmó al medio citado.
Sobre la medida de aseguramiento, el gobernador aseveró que se trataba de un delito distinto que llamaban receptación, que según el Código Penal (artículo 447), es el delito que comete quien, sin haber participado en la ejecución del delito original, adquiere, posee, convierte o transfiere bienes muebles o inmuebles provenientes de un delito, o realiza cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito.
“Y entonces, cuando preguntamos formalmente qué tenía que ver yo con ese delito, dicen: ‘Nos equivocamos, es solo una audiencia de imputación, pero no de medida de aseguramiento’, afirmó Rendón, añadiendo que cuando un “fiscal solicita una audiencia de imputación, es porque tiene un arsenal probatorio lo suficientemente grueso. Si yo ya iba a ser imputado en septiembre del 2023, ¿cuáles eran las pruebas que tenían para llevarme a imputación?”.
El político siente que no tiene las garantías suficientes con Camargo, porque ella, según él, estaría siguiendo una instrucción o un libreto ideologizado. Para él es preocupante que “todo esto de cara al proceso electoral del 2026, porque Antioquia claramente ha sido la contención, la resistencia a lo que este modelo fracasado del Gobierno Nacional implica y no ha podido instaurarse allí en el corazón de los antioqueños, ni tampoco se ha traducido en votos”.
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