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Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al final de este mes dejará su cargo como presidente de México para ceder el paso a Claudia Sheinbaum. Pero antes de irse está dejando un último regalo de despedida: la reforma al Poder Judicial.
Con esta reforma, a partir del próximo año, todos los jueces federales del país serían electos por voto popular, una medida que debilita la separación de poderes y ha generado pánico entre los inversionistas internacionales.
La iniciativa fue aprobada precisamente ayer por la Cámara de Diputados de México, donde el partido de AMLO, Morena, cuenta con una supermayoría tras su aplastante victoria en las elecciones de junio. Esa mayoría le permitirá a la próxima presidenta tener, al menos en teoría, los números suficientes para seguir aprobando reformas constitucionales.
Y aunque la iniciativa aún debe ser ratificada por el Senado, cuyos miembros, al igual que en la Cámara, iniciaron su nuevo periodo el 1 de septiembre, es probable que la reforma judicial se apruebe en estos 30 días que AMLO continúa en el cargo.
De esta manera, el sexenio de AMLO llega a su fin cerrando con un broche –difícil decir que de oro– que resume bien el legado que dejará para México: seis años de populismo y políticas públicas erráticas e incoherentes, que impidieron al país aprovechar plenamente los vientos de cola positivos que las dinámicas geopolíticas le ofrecieron en el último lustro.
Unos años en los que, a pesar de todo lo negativo, AMLO logró acumular un gran poder gracias a su carisma y a su alta aprobación entre la población más desfavorecida de su país, permitiendo que su movimiento político alcanzara un nivel de influencia no visto desde los años de hegemonía del PRI. Irónicamente, lo hizo recurriendo a muchos de los mismos vicios y alianzas con personas precisamente de ese partido que dominó México durante décadas y al que AMLO se había opuesto férreamente en sus inicios políticos.
Si bien a AMLO los mexicanos tendrán que reconocerle importantes logros en materia de lucha contra la desigualdad en su país —entre los que se incluyen haber aumentado drásticamente las transferencias en efectivo a la población más vulnerable y duplicar el salario mínimo, lo cual ayudó a sacar a millones de la pobreza, según las estadísticas oficiales—, deja un país con los mismos problemas estructurales que cuando asumió el poder en 2018.
El crecimiento anual del PIB bajo AMLO ha estado por debajo del 1% en promedio, muy por debajo de otros países de la región, y la informalidad laboral se mantuvo alrededor del 60%. Según datos del Banco Mundial, el PIB per cápita de los mexicanos a precios constantes cerró el año pasado prácticamente igual que las cifras de 2018: seis años perdidos en términos de crecimiento económico, a pesar de las dinámicas positivas de nearshoring que han impulsado a la industria en el norte del país.
Nada muestra más claramente el liderazgo errático de AMLO que el legado que le dejará a su país en materia energética. A pesar del gran potencial con el que cuenta México en energía solar y eólica, durante los años de AMLO los avances de México hacia la transición energética han sido prácticamente nulos: casi el 80% de la electricidad de México continúa proviniendo de combustibles fósiles, en un sistema poco confiable en el que los apagones son frecuentes.
En lugar de incentivar la inversión en energías renovables, la política energética de AMLO, impregnada de populismo, se ha centrado en impulsar a Pemex y restablecer el monopolio de la empresa estatal de electricidad. El pago de los recibos de energía de los mexicanos es cada día más costoso y el servicio cada vez peor y más contaminante. Asimismo, la falta de sostenibilidad del sistema energético ha sido dañina para la inversión: según The Economist, 91% de parques industriales encuestados reportaron que los problemas con el suministro de energía eran la principal razón por la cual estaban dejando de invertir más en México.
A este panorama relativamente mediocre, AMLO suma ahora este último acto de despedida que promete debilitar la democracia mexicana. En caso de aprobarse esta reforma al poder judicial, México sería, junto a Bolivia, el único país democrático en el hemisferio occidental donde los jueces serían elegidos por voto popular. Hay que insistir en que populismo no es democracia. Si a esto le sumamos otras reformas constitucionales que podrían aprobarse con esta nueva supermayoría, incluyendo la disolución de muchos organismos de control independientes y reguladores que hoy forman parte de la institucionalidad mexicana, el pánico de los inversionistas frente a la futura estabilidad de la democracia en México está más que justificado.
La cuestión ahora no reside tanto en AMLO, sino en su sucesora: ¿profundizará Claudia Sheinbaum el legado de AMLO? ¿O, por el contrario, una vez en el poder usará las banderas de AMLO para encauzar al país hacia la sensatez?
De momento, Sheinbaum ha sido vocal en su apoyo a este “regalo” de despedida de AMLO. Habrá que esperar hasta su posesión el 1 de octubre para conocer sus verdaderos colores.