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América Latina atraviesa un momento estelar en la industria petrolera global: la región se ha convertido en el epicentro de una renovada fiebre del oro negro, gracias no solo a la incorporación de nuevas tecnologías, sino también a los cambios geopolíticos recientes y a una reconfiguración profunda de la estrategia energética global. Aunque el discurso ambiental sigue ocupando espacios en cumbres internacionales, la realidad de los mercados marcha en otra dirección: el mundo aún necesita petróleo, y América Latina está lista para proveerlo.
En esa fotografía global, lamentablemente para nuestra economía y para las finanzas públicas, Colombia no aparece.
¿Por qué ocurre este giro hacia nuestra región? La respuesta tiene varias aristas. En primer lugar, la madurez de los yacimientos de shale en Texas y en otros estados del sur de Estados Unidos, sumada a un entorno de creciente volatilidad regulatoria en Washington, ha llevado a los gigantes energéticos a diversificar su portafolio. Latinoamérica, con reservas poco explotadas y costos competitivos por barril producido, se presenta como candidata ideal para esa diversificación.
Más decisivo aún, el contexto global de inseguridad energética ha revitalizado el interés por fuentes confiables de crudo. Las sanciones impuestas a Rusia, la guerra en Medio Oriente y una nueva era de tensiones diplomáticas con la llegada de Trump han llevado a Estados Unidos y a sus aliados a priorizar la estabilidad del suministro. Frente a la incertidumbre de depender de autocracias o de zonas en permanente tensión —como el estrecho de Ormuz—, los países latinoamericanos, aliados políticos más previsibles, emergen como socios estratégicos en la nueva geopolítica de la energía.
El caso de Brasil es el más emblemático. Gracias a un marco regulatorio que, pese a vaivenes políticos nada menores, ha mantenido reglas claras para la inversión extranjera, el país se ha consolidado como líder regional en la exploración de petróleo. Petrobras, la compañía estatal, tiene un plan de inversiones por más de 110.000 millones de dólares —casi el 25 % del PIB de Colombia— hasta 2029, enfocado en grandes hallazgos offshore que han revitalizado su producción. La apuesta es ambiciosa: convertir a Brasil en el cuarto productor mundial de petróleo antes de 2030. Muy distinto al discurso que se escucha actualmente en la Casa de Nariño.
Más al norte, Guyana vive una transformación sin precedentes: el país de menos de un millón de habitantes se perfila como el mayor productor per cápita de petróleo en el mundo. La producción ya supera los 650.000 barriles diarios, acercándose a los números de producción de Colombia e incluso a los de Venezuela actualmente, y esta cifra podría duplicarse de acá al 2030, cuando ya, sin duda, estarían jugando en otra liga. Con unos costos de extracción estimados en apenas entre 25 a 35 dólares por barril, y reservas de alta calidad en aguas poco profundas, Guyana se ha convertido en la joya de la corona petrolera del hemisferio.
Argentina, por su parte, desde la llegada de Javier Milei, está reescribiendo su historia energética. Tras décadas de intervención estatal y regulaciones erráticas que desincentivaron la inversión, el presidente argentino ha emprendido una reforma profunda para atraer capital al sector. Vaca Muerta, la gigantesca formación de shale oil en la Patagonia, y la construcción de un oleoducto que conectará esta región con el Atlántico, prometen transformar al país en un gran exportador de petróleo en poco tiempo.
Estos ejemplos contrastan con la situación de dos antiguos titanes: Venezuela y México. Mientras el primero sufre una industria colapsada por un Estado incompetente y corrupto, el segundo ve declinar su producción por la falta de inversión y un enfoque nacionalista que desalienta la participación privada, convirtiéndolos, tras haber sido líderes regionales, en meros espectadores de la fiesta.
Colombia, lamentablemente, se parece más a la situación de estos dos últimos que a la de Brasil, que hoy también está bajo el liderazgo de un gobierno de izquierda. Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, el accionista mayoritario de Ecopetrol ha impulsado decisiones contrarias al mejor interés de esta empresa y del sector petrolero en general: la decisión de no permitir nuevas exploraciones de petróleo en el país, con efecto inmediato sobre la llegada de inversión extranjera y el potencial de producción del país, y varias medidas tributarias orientadas a asfixiar financieramente al sector.
Con este daño autoinfligido, poco a poco, lo que pudo haber sido uno de los motores económicos del país en esta coyuntura se diluye: por pura obstinación política, pese a la marginalidad de Colombia dentro de las emisiones globales de carbono, Ecopetrol y el país se están perdiendo del auge que vive la región.
Entonces no debería sorprendernos, pero sí entristecernos, los resultados más recientes de Ecopetrol: al cierre del segundo trimestre de 2025, sus utilidades cayeron un 46% frente al año anterior, y eso después de un 2024 en el que las utilidades fueron la mitad de las registradas en 2022.
¿Alcanzará un nuevo gobierno en 2026 a subirse al mismo bus de los países que están aprovechando el boom petrolero de la región?