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Una de las conversaciones recurrentes en las casas es la de la continuidad en el poder de la izquierda.
Alejando cualquier consideración electoral, el panorama muestra que la oportunidad de gobernar, encarnada en Gustavo Petro, no ha funcionado. Los hechos lo dicen. El deterioro de la seguridad, la pérdida del control territorial a manos de los ilegales, las relaciones ambiguas con los pillos al amparo de la Paz Total, el colapso del sistema de salud, un déficit fiscal creciente, las relaciones internacionales jodidas, el costo de vida sin ceder, los escándalos de corrupción más el comportamiento delirante de algunos servidores, confirmando su bajo nivel ético y moral, llevan a una desconfianza generalizada que destruye al país y comida a los que quieren aferrarse al poder.
Si eso se sabe ¿hay méritos para que la izquierda siga en el poder?
La realidad, cruda y objetiva, muestra que el país es susceptible de girar a hacia otro lado para salirse de la dinámica perversa en la que se metió. Para eso se necesita un proceso electoral lleno de valor, defensor de la democracia, que demuestre la consciencia del pueblo para decidir desde el sentido común por encima de la manipulación y el populismo extremo al que se ha visto sometido desde el oficialismo.
Aquí viene lo bravo. El panorama, a la luz de la última encuesta Invamer, no pinta bien. Iván Cepeda, un tipo vinculado con la izquierda autoritaria de Latinoamérica, históricamente cercano a las Farc y el ELN (sí, los que secuestran, reclutan niños, extorsionan... perdón, esos son detalles menores), además, metido en una guerra enfermiza contra Álvaro Uribe, lidera la intención de voto con un 31,9 %, por encima de Abelardo de la Espriella (18,2 %) y de Sergio Fajardo (8,5 %).
El dato, más que una estadística es una alerta temprana. Según la encuesta, la continuidad del proyecto de izquierda en el poder, pese al evidente desgaste del actual Gobierno, es una posibilidad. La cosa es aún más grave, porque en segunda vuelta, el candidato de izquierda superaría a De la Espriella (59,1 % frente a 36,2 %) y empataría prácticamente con Fajardo (48,9 % frente a 46,4 %).
Lo paradójico es que, en paralelo, la encuesta revela el malestar ciudadano: más del 65% desaprueba la gestión de Petro y el 70% considera que Colombia va por mal camino. Pero el reguero de candidatos sin ninguna posibilidad tira al traste cualquier intención de consolidar un proyecto común que represente una alternativa clara y responsable.
El dilema no es ideológico, sino estratégico. La única opción coherente para quienes no congenian con el esperpento político que ha regido al país es la conformación de una coalición única, seria, programática y liderada por un acuerdo básico sobre la defensa de la institucionalidad, las libertades individuales y el Estado social de derecho. No se trata de renunciar a identidades políticas ni de negar matices ideológicos, se trata, simplemente, de reconocer que la división garantiza la derrota electoral.
La pregunta que queda es inevitable y definitiva: ¿Los candidatos estarán a la altura de la situación o permitirán que la fragmentación defina el destino del país?
No se trata de alarmismo, sino de realismo. Las elecciones de 2026 definirán si Colombia consolida un modelo institucional capaz de corregir los errores de estos años o si profundiza un proyecto de estatismo radical, una constituyente hecha a la medida y cuatro años más de experimentos “progresistas”. Un rumbo que ha metido a los colombianos en la incertidumbre, la conflictividad y la desazón.
Ps. Está columna entra en receso. Regresa el 20 de enero del próximo año, para seguir poniendo un grano de arena desde la certeza a la consciencia crítica del país.
