Colombia enfrenta desafíos crecientes en su seguridad energética. Hace un año el país importaba solo el 4% del gas que consumía; hoy esa proporción llegó al 20% para atender la demanda nacional. Esto ocurre en un contexto en el que las reservas probadas de gas han caído 57% desde 2014.
Esta combinación de menor oferta local y mayor dependencia externa ya comienza a reflejarse en las tarifas. En regiones como Antioquia y el Eje Cafetero, Naturgas alertó que los usuarios verán incrementos de hasta 25% desde febrero de 2026, debido a que las empresas están encontrando un gas cada vez más costoso en el mercado.
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Ante este panorama, el Ministerio de Minas y Energía anunció un paquete de medidas extraordinarias para contener el alza en las tarifas del gas. Entre estas acciones se incluyen la expedición de una resolución y un plan de 20 acciones “inmediatas y estructurales” para asegurar el suministro en todo el país y frenar prácticas especulativas en el mercado.
“Frente al debate que está abierto a nivel nacional sobre los precios y el suministro del gas natural en el país, queremos enviar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que hay molécula, hay gas y vamos a llegar al mercado esencial, incluyendo al Gas Natural Vehicular. Sin embargo, hemos adoptado un paquete de medidas urgentes dentro de los cuales estamos próximos a publicar un decreto para estabilizar los precios”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Agregó que no permitirán que estas circunstancias “lleven a la especulación”.
Productores y comercializadores serán convocados para reforzar vigilancia y evitar distorsiones en precios del gas
De acuerdo con el Ministerio, la resolución busca que toda nueva oferta de gas nacional “sea contratada de inmediato y a un precio justo”, con el fin de evitar presiones adicionales sobre las tarifas.
“No vamos a permitir que la especulación marque el rumbo del mercado del gas. Las decisiones las tomamos con datos oficiales y verificados con el Gestor del Mercado”, señaló Palma.
Junto con la resolución, el ministro aseguró que se activará un plan de 20 acciones diseñado para asegurar el suministro de gas, cubrir la demanda nacional y frenar prácticas especulativas que podrían perjudicar a los pequeños consumidores y a la industria.
Como parte del paquete regulatorio, el Ministerio también convocará a productores y comercializadores de gas, con acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio. El objetivo, dijo, será reforzar la vigilancia del mercado y asegurar comportamientos transparentes que eviten distorsiones en los precios.
Cuestionan viabilidad de las medidas del Gobierno para frenar alzas del gas
Estas medidas anunciadas por el MinEnergía han causado expectativa en el sector. Para el exministro Amylkar Acosta, el país está regresando al mismo debate de hace unos meses, cuando el entonces ministro Andrés Camacho insistía en que no existía un déficit de gas y atribuía las tensiones del mercado a una supuesta especulación de algunas empresas. Incluso pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos investigarlo, pero —según Acosta— todo quedó en anuncios.
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También recordó que la entidad competente para frenar prácticas especulativas es justamente la Superintendencia, no el Ministerio. A esto se suma que el principal jugador del mercado es Ecopetrol, que concentra cerca del 70% de la producción nacional de gas.
El exministro subrayó además que el gas importado es más costoso que el producido en el país, y que ese mayor precio termina reflejándose en las tarifas que pagan los usuarios, pese a que en su momento el ministro Camacho afirmó que eso no ocurriría. “A comienzos de este año vimos aumentos de entre 20% y 36% en el interior del país”, recordó.
Otro punto crítico es que la mayoría de los contratos de gas vencieron en noviembre, lo que obligó a las comercializadoras a firmar nuevos acuerdos con un alto componente de gas importado y, además, bajo contratos trimestrales. Esto ocurrió, anotó Acosta, porque la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tardó un año en expedir la resolución que habilita contratos de largo plazo a precios más razonables, la cual solo fue publicada el viernes pasado.
Con ese panorama, el analista y exministro cuestiona la viabilidad de la nueva resolución anunciada por el Ministerio, que promete permitir que toda nueva oferta de gas nacional se contrate rápidamente y a un “precio justo”. “Los nuevos contratos ya están firmados; después de rayo caído, no hay magnífica que valga”, sentenció.
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